José Ros se debate entre la desesperación, la rabia y la impotencia mientras observa cómo el negocio familiar que levantó hace 44 años se desmorona. Una cuantiosa multa de la Agencia Tributaria compromete el presente de la gasolinera que preside la entrada de Navarrés, embargada cautelarmente por Hacienda. El empresario, que la ha tenido que poner en venta, se remonta a 2011 para explicar el origen del mal. Fue entonces cuando Hermanos Ros, SL „la firma que gestiona el establecimiento y que ahora administra su hijo José„ inició una cruzada para reclamar a la administración la devolución del impuesto conocido como «céntimo sanitario».
En primera instancia, el tribunal económico-administrativo regional rechazó la petición. Pero en octubre de 2014 obró el milagro. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estimó el recurso de la gasolinera y reconoció el derecho de la empresa al reintegro de 97.000 euros abonados mediante autoliquidación del impuesto en los ejercicios 2007 y 2008. La sentencia, que se ampara en la jurisprudencia dictada por la Unión Europea, impuso las costas del proceso a la administración demandada. El fallo devino en firme y no admitía recurso, por lo que la mercantil celebró la noticia rebajando 4 céntimos el precio de los carburantes.
El ingreso, sin embargo, aún no se ha materializado. En su lugar, José Ros y su hijo recibieron hace escasos días una notificación que todavía no terminan de creerse. El Abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, planteó el 19 de enero un recurso a la ejecución de sentencia que ha paralizado el cobro, al ser estimado por la misma sala del TSJ que hace apenas 5 meses dio la razón a la gasolinera de Navarrés. La administración sostiene que el reintegro no es procedente porque el establecimiento no es el consumidor final sobre el que repercute el impuesto, sino un sujeto pasivo del mismo. Según este pronunciamiento, la sociedad está legitimada «para solicitar la devolución, pero no para obtenerla».
El auto que ha provocado el estupor de los administradores contradice el fallo dictado en octubre, cuando los mismos magistrados rechazaron de manera argumentada todas las alegaciones de la Abogacía del Estado contra el recurso de la empresa, incluido el punto que alertaba de un posible riesgo de «dobles devoluciones» si los importes del céntimo sanitario eran devueltos tanto a los sujetos pasivos „las gasolineras„ como a los consumidores finales.
La gasolinera de Navarrés es una de las primeras que plantó cara en los tribunales al impuesto antes de que Europa lo declarara ilegal. Se calcula que apenas un 10% de establecimientos en España han seguido sus pasos. El abogado de Córdoba que representa los intereses de la firma defendió un caso calcado en Guipuzkoa. Un área de servicio a la que el TSJ también reconoció en octubre el reintegro del impuesto y que, a diferencia de lo que le ocurre al negocio de la Canal, ya ha cobrado los importes reclamados.
Inspección tras la denuncia
Esta circunstancia alimenta la indignación de los gestores de la gasolinera. José Ros padre no cree casual que, a los pocos meses de iniciar la reclamación, Hacienda se personara para efectuar una inspección que tilda de inédita en sus 50 años como gasolinero y que ha desembocado en una multa de más de 160.000 euros. Los inspectores hallaron un desfase al contabilizar los litros de gasóleo B suministrados. La normativa determina que el establecimiento solo puede vender este producto mediante tarjetas o cheques bonificados, pero los ingresos declarados no cuadraban. El administrador admite el incumplimiento, pero lo justifica por los problemas de desabastecimiento que sufrieron varios colegios e institutos de la zona en una época de impagos de la Generalitat. «Los litros no fueron a ningún camión, sino a gente del pueblo, a colegios e institutos de Navarrés, de Enguera, de Sumacárcer... Me llamaban alcaldes y directores y me decían que por problemas de liquidez los distribuidores directos no les suministraban en pleno invierno. ¿Qué iba a hacer?», lamenta Ros. Hacienda, sin embargo, no aceptó los justificantes que la firma entregó. Comenzó entonces una catarata de notificaciones „33 en un año y 6 solo en el último mes„con órdenes de embargo incluidas. «Ha sido un acoso y derribo total», describe el administrador.
Hermanos Ros, SL ha recurrido el auto del TSJ que rechaza la transferencia de las cantidades reconocidas en su favor por considerar que la revisión de una sentencia firme en la fase de ejecución vulnera el reglamento jurídico. Las fuentes consultadas señalan este hecho como muy poco corriente. Los administradores aportan una serie de facturas para demostrar la repercusión que tuvo el impuesto en sus ingresos y ventas.
