Una carta remitida por el administrador de la gasolinera de Navarrés al Defensor del Pueblo relata el calvario por el que atraviesa la empresa que denunció en los tribunales el llamado céntimo sanitario en 2011. Una sanción de Hacienda deja a José Ros no solo al borde de cerrar el negocio, sino de perder todas sus propiedades. Hacienda no se pronuncia sobre la compensación de deudas que reclama desesperado y la orden de embargo sobre el establecimiento podría terminar arrastrando otros bienes con los que el propietario avaló el préstamo con el banco. «Si no pagan, perderé la casa y el chalé y 5 familias se irán al paro», expone abatido Ros, cuyo hijo se sitúa al frente del negocio que abrió en 1971. El empresario teme lo peor: «Me voy a quedar en la calle después de 60 años echando gasolina», sostiene angustiado. Por lo pronto, si el TSJ no acepta el recurso la mercantil, plantea acudir al Tribunal Supremo y al Constitucional. «La administración ha obrado de mala fea a sabiendas. Han vulnerado todos nuestros derechos», censura. A parte de los 100.000 euros cuya devolución le ha sido reconocida, la empresa ha reclamado importes desde 2009 que elevarían a 400.000 ? sus ingresos por el céntimo sanitario.
