El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº3 de Valencia ha anulado el procedimiento negociado sin publicidad a través del cual el Ayuntamiento de Montaverner contrató un servicio de asesoría en 2013. El fallo fue dado a conocer ayer por el PSPV, que denunció que en dos años la «contratación irregular» ha costado 70.000 euros a las arcas municipales. El pleno del 24 de junio de 2013 aprobó la adjudicación del servicio a dedo, a pesar de que la cantidad del expediente en solfa excede el mínimo establecido para los procedimientos negociados.El PSPV, además, señala como injustificado el contrato al desconocerse «las funciones que iban a desempeñar los asesores».
El grupo socialista presentó un recurso contra el acuerdo plenario y otro contra la adjudicación del contrato de los asesores. Ambos han sido estimados esta semana por la juez, en dos sentencias en las que se apunta que el proceso «ha incumplido los requisitos esenciales que imprimen transparencia a la contratación, que han sido obviados y la infracción de los cuales supone la nulidad del acto impugnado», apuntan las resoluciones judiciales.
El PSPV pide la devolución
El candidato del PSPV a la alcaldía, Joan Chornet, defiende «el buen trabajo del grupo municipal socialista en la defensa de los intereses de los vecinos» contra una contratación «desproporcionada e innecesaria» que además se hizo de manera «completamente irregular», añade. Chornet ha señalado, además, que los 70.000 euros destinados por el ayuntamiento a pagar este servicio de asesoría durante dos años equivalen a la subida del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) «que han tenido que pagar todos los ciudadanos, a los que se ha causado un perjuicio que, ahora, gracias al trabajo del grupo socialista, se podrá restituir».
En ese sentido, el candidato reclama «que prime el interés ciudadano, que el PP se deje de prepotencias y respete esta sentencia, para que se devuelva el dinero a las arcas municipales y se pueda emplear en beneficio del pueblo», concluye Chornet. Contra las sentencias, a las que ha tenido acceso este diario, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.
