Un responsable de Llanera controla la sociedad que aspira a cobrar 40 millones por el vertedero

Una serie de movimientos societarios registrados en los últimos 4 meses han situado a uno de los responsables de la constructora Llanera al frente de la empresa que controla casi un 10% de los terrenos donde el Consorcio de Residuos (COR) proyecta construir la futura planta de residuos y el vertedero de Llanera de Ranes. José Ramón Gallego, hijo del fundador del gigante inmobiliario —en proceso de liquidación— figura desde abril como representante de la entidad «Tenedora de Suelo para el Tratamiento y Valorización de Residuos Plan Zonal X, XI y XII, SL», mercantil que administra desde febrero la firma «fantasma» que apalabró con la UTE Vytrusa la cesión de 7,2 hectáreas de suelo en la zona donde se planean las instalaciones, pocos meses antes de que el conglomerado empresarial formado por FCC y Dimesa se adjudicara el millonario contrato, en 2009. El resto de ofertas que pugnaron por concurso y la plataforma vecinal opuesta al proyecto denunciaron a raíz de este convenio la existencia de intereses especulativos y de un auténtico «pelotazo» detrás de la operación.

Este colectivo ha seguido el rastro y ha desvelado la vinculación de la familia Gallego con los terrenos donde se aprobó la macroinstalación que tratará la basura de 300.000 habitantes de 5 comarcas. Con los datos del registro mercantil y del registro de la propiedad en la mano, la entidad señala a los propietarios de Llanera como grandes beneficiarios de la transacción. Hace seis años, SAV y Secopsa alertaron de que FCC había pactado la adquisición del suelo por 50 millones a una firma recién constituida y sin actividad conocida, dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios, llamada Gains Tax. Inicialmente, la propiedad de la empresa recayó en un fisioterapeuta de Canals que más tarde declararía que fue engañado. Desde un primer momento, se sospechaba que el entonces consejero delegado de Llanera, Fernando Gallego, había mediado y tenía intereses en la operación, cuestión que el empresario negó a este diario. Más adelante, Gains Tax cambió de nombre y pasó a estar administrada por un economista de Valencia, socio de la familia Cotino en algunos negocios.

El contrato «de colaboración empresarial» firmado en 2009 por la UTE que posteriormente se haría con la adjudicación de la planta de Llanera estipulaba el pago de 8,5 euros a Gains Tax por cada tonelada que basura que ingresara en las instalaciones una vez se pusieran en funcionamiento. A esta cantidad cabe sumar una serie de gastos variables también pactados que situarían los ingresos de la firma propietaria del suelo entre los 1,5 y los 2 millones de euros anuales, a razón de las 145.000 toneladas que de media recibirá al año la planta. Si se tiene en cuenta que la vida útil de la infraestructura es de 20 años, el beneficio total oscilaría entre los 35 y los 40 millones de euros.

Xavier Delgado, miembro de la plataforma antivertedero, considera desproporcionado el precio que pagará la concesionaria del COR por el alquiler de las 20 parcelas que posee la firma de José Ramón Gallego, muy por encima del valor de mercado. «Van a pagar por esos 72.000 m2 más que por los 774.000 m2 restantes que ocuparán las instalaciones. Si Vytrusa comprara a 6.000 euros la hanegada, con 540.000 euros tendría bastante, en lugar de pagar 40 millones por un alquiler de 20 años». Desde el colectivo vecinal advierten de que el «sobrecoste lo acabarían pagando los ciudadanos en la tasa del COR».

Delgado denuncia que la entidad no ha acompañado el proyecto de la planta de un estudio económico que detalle el coste real de la gestión de la basura que tratará la infraestructura, lo que podría conducir a que en un futuro la dueña de las citadas fincas exija un incremento del canon que percibe y a que el vertedero termine recibiendo más basura de la planeada inicialmente.

Proceso de compra, en espera

Aunque las sospechas de especulación llevaron en 2010 a diversos alcaldes a pedir que los terrenos de la planta fueran expropiados —facultad que tiene el COR—, la mayor parte de la superficie ha sido adquirida directamente por Vytrusa. Sin embargo, a día de hoy varios particulares se resisten a ceder su suelo y quedan por vender distintas fincas. Fuentes del Consorcio defienden la legalidad de la adjudicación de la planta y señalan que el procedimiento ha sido ratificado en los juzgados. La propuesta de FCC —vinculada a la firma de la diputación Girsa— salió adelante con el visto bueno de los técnicos del consistorio de Xàtiva. Los de la Conselleria de Medio Ambiente, en cambio, se decantaron por otra oferta.

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