79 años después del alzamiento militar que acabó con el gobierno republicano el 18 de julio de 1936, el callejero continúa recordando a los principales instigadores del golpe que sumió a España en la negritud de la dictadura durante décadas. Este último reducto de exaltación del franquismo que, a pequeña escala, se visualiza en diversos municipios, puede tener los días contados como consecuencia del nuevo clima político que ha arrasado las instituciones como un tsunami tras las elecciones del 24M. El PSPV contabiliza una docena de localidades valencianas en las que va a ejercer el «derecho de petición» para que se cumpla la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. Uno de los casos más palmarios se localiza en Quesa, donde comparten espacio en la vía pública los generales insurrectos Emilio Mola y José Sanjurjo, el ministro de la dictadura de Primo de Rivera Calvo Sotelo y el hijo del citado dictador, José Antonio, fundador del partido de ideología fascista Falange Española.
Esta semana, la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica ha remitido una carta al ayuntamiento de la Canal instando a que adopte medidas. La respuesta de la que, desde hace un mes, es la nueva alcaldesa de esta población de 720 habitantes, Carina Primo (PSPV), no se ha hecho de rogar. En el próximo pleno extraordinario, que podría celebrarse antes de que termine julio, una de las cuestiones a abordar será el inicio del proceso para cambiar la controvertida denominación de cuatro calles. Primo, además, va a encargar un estudio al responsable del archivo municipal para conocer si se conservan más vestigios de la dictadura en forma de menciones conmemorativas que puedan comportar una vulneración de la ley o «herir sensibilidades». Los nombres de Mola, Sanjurjo, José Antonio y Calvo Sotelo se han mantenido en algunas de las vías más concurridas del municipio a pesar de la tradición de gobiernos socialistas que se sucedieron entre 1978 y 2007.
Obligación por ley
Durante esos 28 años, los rótulos vinculados a la sublevación militar de 1936 no se vieron alterados e incluso su diseño se modernizó con el paso del tiempo. La corporación evitó así abrir una polémica, habida cuenta de que no parecía existir un clamor en el pueblo por la retirada de los símbolos. Prueba de ello es que, en la anterior legislatura, el equipo de gobierno del PP sometió a consulta popular el cambio de los rótulos que adornan las calles, pero los residentes, habituados a las denominaciones, optaron mayoritariamente por que se conservasen, alegando el engorro que supondría la modificación a efectos burocráticos, especialmente en lo relativo a las notificaciones de Correos. La actual alcaldesa, sin embargo, subraya que la medida representa una obligación de la administración determinada por la Ley de Memoria ante lo anacrónico de la situación. La primera edil abre la puerta a que los vecinos sean quienes elijan los nuevos nombres de las vías.
