El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 6 de Valencia ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el PP contra el Ayuntamiento de la Font de la Figuera por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales. La portavoz de esta formación, Mª José Penadés, ha censurado la «falta de transparencia» del equipo de gobierno, al cual acusa de bloquear el acceso a la información municipal solicitada por registro de entrada, una circunstancia que implica para Penadés un «veto» a la labor de fiscalización que corresponde a la oposición y «atenta contra el derecho fundamental de participación política inherente al cargo de concejal».
Penadés confía en que el alcalde del municipio, Vicent Muñoz (Compromís) tendrá una buena oportunidad a raíz del contencioso para explicar ante el juez una actitud que tacha de «autoritaria y caciquil». Los populares acusan al alcalde de estar «más preocupado por aleccionar al personal del ayuntamiento con el fin de que no nos den la información que por derecho merecemos que en gestionar con eficacia para solventar las necesidades y los problemas de los ciudadanos de nuestro municipio», afirman. La dirigente popular en la Font de la Figuera sostiene que Muñoz dictaminó una resolución para denegar al grupo popular el acceso a la información de los registros de entrada y salida, lo que según la edil impide «conocer las preocupaciones y problemas de los vecinos, así como la respuesta que se da desde el equipo de gobierno».
Preguntado por este diario a raíz de la denuncia del PP, el alcalde señaló ayer que el equipo de gobierno ha acordado limitar el acceso a los registros del consistorio de forma momentánea hasta que se complete el proceso de informatización que se está llevando a término. Según Muñoz, en «unos días» los populares podrán volver a consultar la información a través de un sistema informático, aunque ha advertido de que los concejales de la oposición deberán «respetar las leyes de protección de datos» y solo podrán ver «un pequeño resumen de cada documento que se presente o que se envíe desde el consistorio». La decisión obedece al uso según al alcalde «poco ético» del registro de entrada por parte de un concejal del PP, que «sabiendo que no les estaba permitido a ningún concejal de la oposición hacerse fotocopias de dichos documentos, tomó fotografías con su móvil». Después de este episodio, el equipo de gobierno acordó restringir el acceso, aconsejado por la asesoría legal del ayuntamiento. El objetivo: salvaguardar la identidad de las personas, entidades y empresas presentes en los escritos, puntualiza Muñoz.
Evitar extralimitaciones
La medida persigue que los regidores hagan «un uso adecuado de los datos que figuran en los registros» y no los utilicen a modo personal, circunstancia que el alcalde también atribuye al mismo edil popular que comentó en su Facebook archivos consultados en el registro. Al mismo tiempo, añade, «protegemos la identidad de las personas y velamos para que no se confunda el derecho al acceso a la información con la posible extralimitación», apostilla Muñoz. Los populares, en cambio, consideran vulnerado el citado derecho «con el agravante de dificultar la fiscalización de la acción municipal».
