El Ayuntamiento de Vallada ha lanzado un grito de auxilio cuyo eco ha retumbado en las paredes de todas las administraciones. La nueva corporación surgida del 24M tiene que lidiar con una deuda bancaria municipal que bordea los 25 millones de euros, cuyo pago el equipo de gobierno socialista «ve inviable» en los plazos que figuran en el Plan de Ajuste heredado del ejecutivo anterior. Aunque las negociaciones con el Ministerio de Hacienda para relajar las condiciones de la refinanciación formalizada con el ICO han concedido un «balón de oxígeno» a la administración local, flexibilizando las cuotas de la deuda, el alivio es solo temporal. En 2018, Vallada encarará el pago de 2,7 millones de euros al Estado solo en intereses, una cifra desproporcionada si se tiene en cuenta que el presupuesto anual de ingresos no supera los 2,4 millones.
Por si fuera poco, Hacienda volvió en julio a retener el 50% de los ingresos que le corresponden al municipio por su participación en los tributos del Estado. El consistorio ha sufrido este castigo los últimos tres años después de ver tumbado el primer plan de ajuste redactado para pagar a proveedores, en 2012. Tras la refinanciación acordada en mayo, el Gobierno anunció que iba a poner fin a estas retenciones, pero finalmente un error de cálculo va a prolongar esta medida hasta diciembre, contribuyendo a asfixiar un poco más a la tesorería municipal.
El parque empresarial proyectado hace 10 años bajo el nombre de Valpark se ha convertido en un agujero de dinero público sepultado sobre unos terrenos que no presentan actividad y que no se han llegado a urbanizar. Las empresas que iban a encargarse de ello dejaron colgado al ayuntamiento con el 70% de las obras por hacer y adeudando cantidades millonarias en certificaciones de obra. Ahora están en suspensión de pagos o han desaparecido. Otros impagos vinculados al proyecto se encuentran pendientes de causas judiciales que podrían dilatarse hasta cuatro años, con lo que el consistorio no puede hacer ninguna previsión real de ingresos a corto plazo. En ese panorama, la alcaldesa de la población, Mª José Tortosa, ha trasladado a la Conselleria de Economía Sostenible la necesidad de arbitrar instrumentos que permitan liberar al municipio de la pesada carga de los terrenos anclados a Valpark.
Una salida para los terrenos
El departamento que dirige Rafael Climent se comprometió a explorar las posibles salidas legales y económicas a las parcelas. Para Tortosa, que aguarda una respuesta de los técnicos de conselleria a sus súplicas, la solución pasaría por vincular las parcelas a la llegada de nuevas empresas atraídas por el futuro Corredor Mediterráneo, dada la inmejorable ubicación del suelo, pegado a la autovía A7 que conecta Valencia y Albacete. El proyecto ferroviario podría contribuir a revalorizar los terrenos, que ocupan cientos de miles de metros cuadrados de extensión sin uso. Tortosa subraya que la administración autonómica está en deuda con Vallada después del total respaldo que mostró a las obras Valpark en la etapa del expresidente Camps, adquiriendo 140.000 m2 de suelo a través del Sepiva por 5 millones.
La única alternativa para garantizar la estabilidad del consistorio es que o bien la Generalitat o bien el Estado asuman las parcelas del parque, que en 2012 salieron a subasta pero no encontraron compradores, disuadidos por las cargas que arrastraba el proyecto. El conseller mostró su confianza de que el emplazamiento será objeto de una inversión de futuro.
