El Ayuntamiento de Ontinyent incluirá en sus ordenanzas fiscales de 2016 un «IBI Social» encaminado favorecer las contrataciones indefinidas de colectivos especialmente desprotegidos. Esta modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles se concretó en la comisión especial de cuentas de ayer, donde el equipo de gobierno dictaminó sobre las ordenanzas fiscales que se aprobarán en el pleno del próximo jueves.
A tales efectos, el consistorio incluirá una modificación en el artículo 4.2 de la normativa del IBI en la cual se especificará que, si como mínimo un 33% de los empleados que determinan el incremento de plantilla de una empresa pertenecen a colectivos especialmente desprotegidos en materia de ocupación, el porcentaje de bonificación aplicable a la firma se elevará en 10 puntos, siempre dentro de los límites legales de bonificación, según detallan fuentes municipales.
Se consideran colectivos especialmente desprotegidos en materia de desocupación los parados y paradas de larga duración (inscritos como tales durante un mínimo de 365 días ininterrumpidos); jóvenes menores de 25 años; mayores de 45 años; mujeres víctimas de la violencia de género y personas con una discapacidad igual o superior al 33%. Para aspirar a estos incentivos, añaden las mismas fuentes, será necesario acreditar la condición de desprotección de los empleados, aportando la certificación de los organismos correspondientes.
Un presupuesto «de transición»
El regidor de Hacienda, Joan Sanchis, ha explicado que la intención del consistorio con esta medida es la de «favorecer que se generen puestos de trabajo indefinidos teniendo en cuenta las dificultades que determinados colectivos tienen para encontrar trabajo». Sanchis remarca que el gobierno de Ontinyent «apuesta por la promoción de la actividad económica y por la política social», dos objetivos hacia los que se orienta esta última propuesta, con un finalidad común: «favorecer a las personas», según apostilla el regidor.
