Benigànim multa a una planta de olivas por los vertidos contaminantes a la red

El Ayuntamiento de Benigànim ha remitido al juzgado de lo contencioso nº4 de Valencia el expediente sancionador abierto contra una planta de elaboración y producción de aceitunas y encurtidos ubicada en el polígono de la localidad. El consistorio multó a la empresa a raíz de los vertidos contaminantes y no autorizados registrados en la red municipal supuestamente procedentes de la nave „que elabora olivas en salmuera en grandes cantidades„ y la firma recurrió la resolución.

Los hechos castigados habrían estado sucediéndose desde hace varios años y fueron denunciados por la oposición durante la anterior legislatura. El ayuntamiento acumulaba requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y del Seprona „el cuerpo de la Guardia Civil especializado en delitos contra la naturaleza„por la calidad de las aguas en el término de la población. Fue el exalcalde de Benigànim, Juan Puchades (PP), el que firmó la sanción. Eso sí, lo hizo el último día de su mandato, antes del traspaso de poderes a la nueva corporación surgida de las elecciones del 24M, según indican fuentes municipales.

El consistorio, ahora gobernado por el PSPV, ha proseguido con el expediente, que también ordena el cierre cautelar de las instalaciones en el caso de que la empresa no subsane en el plazo marcado las anomalías relacionadas con los vertidos.

Según ha podido saber este diario, sin embargo, la firma ha iniciado los trámites para regularizar la situación, solicitando la licencia de apertura y otros permisos preceptivos. Las mismas fuentes confían en que finalmente la planta podrá continuar funcionando con normalidad sin necesidad de ser clausurada.

El Boletín Oficial dio cuenta ayer del procedimiento sancionador remitido al juzgado. A preguntas de este diario, el regidor de Urbanismo, Cristóbal Barceló, aseguró que a la corporación «no le temblará el pulso» y actuará «con firmeza» si la mercantil no se adapta a la normativa «tras años de tibieza» en la actuación municipal. Los vertidos han engrosado durante años el importe del canon que abona el ayuntamiento por el tratamiento de sus aguas en la depuradora, dada la presencia de elementos contaminantes procedentes de la red de alcantarillado. La ordenanza local fija una sanción máxima de 3.000 euros por este tipo de infracción. Una vez culmine el expediente, el consistorio evaluará los posibles daños originados para estudiar si corresponde exigir responsabilidades.

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