Las inspecciones de la Dirección General del Catastro han aflorado irregularidades en 550 inmuebles de Albaida y l'Alcúdia de Crespins. Estos dos municipios se incluyen entre los 18 de la provincia de Valencia donde el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda llevó a cabo en 2014 procedimientos de regularización catastral para detectar obras y ampliaciones de viviendas no declaradas en el marco del Plan Antifraude iniciado en 2013.
En l'Alcúdia de Crespins, el ayuntamiento cifra en 210 los vecinos afectados por un «catastrazo» que conlleva incrementos notables del recibo de la contribución, además del pago de una tasa de 60 euros por la inspección. Como consecuencia de las nuevas altas, el consistorio contabiliza un aumento de los ingresos por el IBI de 60.000 euros. Aunque cada particular asume una casuística diferente, la mayor parte de los requerimientos se dirigen a propietarios del casco antiguo que no informaron de las reformas desarrolladas en sus casas.
En Albaida se contabilizan 350 expedientes de irregularidades incoados por Catastro. El ayuntamiento había pedido una regularización catastral en 2016 para poner en orden el cobro del IBI, aunque Hacienda la adelantó a 2014.
Los inspectores designados para estas labores investigan si las características de los edificios y construcciones examinadas se corresponden con la realidad declarada en las bases de datos de Hacienda. O si por el contrario, los bienes inmuebles, han sido ampliados o rehabilitados sin que sus dueños lo hayan notificado a las autoridades, lo que supone un fraude a Hacienda. Si la obra se ejecutó hace más de 4 años, el incremento catastral se reflejará en el recibo del propietario, que además deberá pagar con efecto retroactivo la cantidad equivalente a lo que la administración ha dejado de ingresar por la misma durante el citado periodo de tiempo, a partir del cual la infracción se considera prescrita. El importe en ese caso pueden superar los miles de euros. La mayoría de las incidencias están motivadas por nuevas construcciones „anexas, contiguas o superiores„ y un 27% responden a piscinas construidas en chalés que hasta ahora no tributaban. Entre los municipios inspeccionados en 2015 figura Xàtiva.
