En l'Alcúdia de Crespins, a los procedimientos de regularización promovidos por la Dirección General de Catastro se suma otro «catastrazo»: el impuesto por el Gobierno a aquellos municipios en los que, como éste, no se ha desarrollado una revisión catastral completa desde la década de 1990. La medida estatal, aceptada por la anterior corporación municipal, conlleva incrementos del 10% en el recibo del IBI para todos los vecinos entre 2014 y 2018. Para absorber esta subida y que no se note en el impuesto de 2016, el equipo de gobierno ha decidido reducir el coeficiente aplicado por el ayuntamiento. Así se persigue compensar también la mano dura aplicada por Catastro tras la regularización de más de 200 obras no declaradas. Además, la corporación bonifica la contribución a las VPO y familias numerosas.
