El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valencia ha ratificado el cierre del vertedero de la Clariana, llevado a cabo por el Ayuntamiento de Ontinyent en 2013, después de que la Conselleria de Medi Ambient decretara el cierre de la instalación en 2012. El juzgado ha desestimado el recurso que presentó la empresa que gestionaba el vertedero, GIRSA (Gestión Integral de Residuos SA) contra el precintado de la planta ejecutado por la Policía Local en septiembre del 2013, avalando así la decisión tomada por el gobierno local.
El ejecutivo de Ontinyent procedió a precintar el vertedero por una «infracción muy grave» en la ley de residuos y ante las quejas vecinales, desconectando también la corriente eléctrica de la báscula de pesaje de camiones, para evitar que la planta acogiera más vertidos. El consistorio ejecutaba esta medida cautelar, después de que la conselleria, que había decretado el cierre del vertedero —que no tenía licencia ambiental desde 2011—, no llevara a cabo la orden.
La empresa GIRSA acudió entonces a los tribunales, presentando un recurso contra la medida cautelar de cierre llevada a cabo por el consistorio. Alegó la mercantil que el ayuntamiento no tenía competencias para llevar a cabo el precintado de la planta, y que era la conselleria el organismo competente. También alegó que la instalación no producía daños a la salud de los vecinos.
Ante este recurso, el ayuntamiento argumentó que sí era competente, apoyándose en la legislación que otorga a los ayuntamientos competencias en la gestión de los residuos urbanos, así como potestad para sancionar infracciones leves y graves en su ámbito competencial. Además, el gobierno de Ontinyent alegó también que la empresa carecía de la autorización ambiental, que ya había caducado (en 2011). El consistorio también expuso ante el juez las numerosas quejas presentadas por vecinos contra la planta.
Ahora, la juez Mercedes Galotto ha desestimado el recurso presentado por la empresa adjudicataria de la gestión del vertedero de la Clariana, ubicado en la partida de La Serreta. Una sentencia del pasado mes de enero que ratifica la actuación municipal en el cierre y precintado del vertedero y que acelera la obligación de GIRSA de llevar a cabo acciones para regenerar la zona, con el sellado total de la instalación y repoblar el área con árboles y vegetación. Una medida en la que ya ha estado trabajando el ejecutivo que preside Jorge Rodríguez, que hace meses que mantiene conversaciones con la empresa, con la que ha acordado regenerar la zona.
Convenio para regenerar la zona
La concejala de Medi Ambient, Patrícia Folgueras, ha liderado estos contactos con la empresa, así como también con conselleria y la Diputació de València. Folgueras ha asegurado que «se está redactando un convenio» por el que GIRSA se compromete a sellar el vertedero —que ya está clausurado, tras la acción municipal— y procederá al cumplimiento legal de repoblar la zona. Además, el convenio también contempla que la empresa retirará cualquier otra acción legal que mantenga contra el ayuntamiento.
