Los reveses judiciales se le acumulan al Ayuntamiento de Xàtiva y, poco a poco, van transformando en obligaciones de pago aquellas cantidades que la auditoría municipal reflejaba en el capítulo de reclamaciones. Esto es lo que ha ocurrido con dos sentencias abordadas en las dos últimas juntas de gobierno locales que comprometen 25.000 euros de las arcas municipales. Ambos fallos tienen un punto de conexión: surgen a raíz de sendos programas urbanísticos promovidos durante la etapa de Alfonso Rus que se vieron abocados al fracaso con la llegada de los nubarrones de la crisis financiera.
El pasado lunes, el ejecutivo dio luz verde a la indemnización de dos propietarios afectados por el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución del polígono industrial H. Se trata de los únicos acreedores netos que han de ser compensados en metálico por la ocupación de sus terrenos dentro del PAI. Con el resto de propietarios se firmaron acuerdos de cesión en otros ámbitos. En cumplimiento del fallo del juzgado de lo contencioso nº2, el ayuntamiento ha de pagar alrededor de 14.000 euros en capital neto, cantidad a la que hay que sumar los intereses devengados por la demora en la transferencia, según fuentes municipales. El expediente de reparcelación del sector ubicado en la carretera de Simat data de 2005. «Físicamente hay algunas empresas, pero la mayoría de terreno está sin edificar. Han pasado más de 10 años y la urbanización no está hecha». La regidora de Urbanismo, Cristina Suñer, denuncia que esta situación, extensible a otros sectores urbanísticos de Xàtiva, crea graves quebraderos de cabeza para el ayuntamiento. «Todos los polígonos se iniciaron a la vez. Se han quedado todo a medias y ahora están generando gran cantidad de problemas», con fincas que existen registralmente «pero no en la realidad física». La edil culpa a las previsiones urbanísticas «exageradas» de la anterior corporación, que «han dejado la mayoría de polígonos proyectados en una situación bastante triste» y, en algunos casos, con indemnizaciones pendientes que los propietarios llevan años reclamando.
Ingresos indebidos en el Cànyoles
El ejecutivo también ha abordado este mes otra sentencia del mismo juzgado que obliga a devolver 6.339 euros al agente urbanizador del PAI Cànyoles, otro plan de carácter industrial que también se impulsó en 2005 pero terminó enterrado sin haberse desarrollado. La corporación de Rus retuvo a la empresa la cantidad a raíz de una serie de gastos de defensa jurídica de un contencioso y la juez determinó que ese cobro se efectuó de manera «indebida». Los fallos se suman a otras condenas judiciales asumidas recientemente por el consistorio en litigios con FCC o la empresa de los semáforos.
