El Consorcio de Residuos (COR) acordó anoche la paralización de la planta de Llanera de Ranes para dar paso a un proceso de negociación que sentará las bases de un nuevo modelo de gestión de la basura en las cinco comarcas integradas en el Plan Zonal V5. El acuerdo de la asamblea salió adelante pese a la abstención mayoritaria de los ayuntamientos de la Safor, incluido el de Gandia. El voto favorable de los representantes de la diputación y la Generalitat, con el 40% del peso de decisión, resultó trascendental.

El temor a las repercusiones jurídicas del acuerdo hizo imposible el consenso, aunque el presidente del COR, Roger Cerdà (PSPV), consiguió reconducir el malestar inicial generado entre los munícipes de la Safor a raíz de la falta de diálogo previo y evitó un voto masivo en contra. Una docena de consistorios gobernados por el PP en esta comarca, la Vall d'Albaida y el Valle de Ayora se decantaron por el «no» en la votación. La Llosa y Ayora, también controlados por el PP, se abstuvieron.

Cerdà hizo valer en la asamblea un informe técnico y otro jurídico para ofrecer a los alcaldes garantías sobre la decisión de solicitar a la Conselleria de Medio Ambiente que suspenda de forma temporal la tramitación de los permisos ambientales de las instalaciones de tratamiento, valorización y eliminación adjudicadas en 2009 a la UTE Vytrusa en Llanera de Ranes, pendientes todavía del dictamen favorable de diversos organismos. Muchos ayuntamientos, especialmente en la Safor, se muestran muy cautos respecto a cancelar unos trámites que pueden desembocar en la rescisión de un contrato de 400 millones de euros con la empresa concesionaria. El director general de Calidad Ambiental del gobierno autonómico, Joan Piquer, trató de tranquilizarles indicando que la conselleria va abrir un periodo de audiencia que implica sentarse a negociar tanto con Vytrusa como con los ayuntamientos. Los responsables del COR justifican la suspensión del proyecto por la conflictividad social y judicial que ha generado la planta, sumada al rechazo manifestado tras las elecciones por el Ayuntamiento de Llanera, que aún debería expropiar los terrenos necesarios para las obras.

El estudio jurídico encargado por el presidente del COR subraya que cualquier modificación sustancial del contrato, como la que se pretende, aboca a la rescisión del mismo como escenario más probable. En cualquier caso, el informe deja claro que los cambios introducidos en 2013 por los anteriores gestores, que redujeron las dimensiones del proyecto original, podrían conducir al mismo callejón sin salida. En cualquiera de las dos situaciones, así, la concesionaria tendría derecho a demandar el lucro cesante que tanto temen los ayuntamientos.

Tanto Piquer como Cerdà restaron trascendencia a la indemnización que puede reclamar la empresa y rebajaron a cinco millones de euros la inversión que ésta ha desplegado y que habría que retornarle por las infraestructuras y proyectos desarrollados. En la decisión final sobre la forma de dar encaje a los cambios pretendidos en el contrato serán determinantes las conclusiones del informe encargado al Consell Jurídic Consultiu. El director general hizo hincapié en que, en todo caso, va a ser necesario reformular el proyecto de gestión del COR para adaptarlo a las exigencias de la nueva normativa estatal de residuos.