Con una puntualidad británica, dos funcionarios de Justicia se personaron ayer en el número 23 de la calle Montcada de Xàtiva para proceder al riguroso ritual que envuelve a todo desahucio. El de ayer, sin embargo, no era un trabajo cualquiera. La comisión judicial había sido enviada por el juzgado de instrucción con la misión de certificar el lanzamiento hipotecario de uno de los bienes de interés cultural (BIC) más emblemáticos del patrimonio histórico setabense. Completada la faena, el antiguo convento de Santa Clara ya es propiedad del Banco Santander.
Un cerrajero acompañó a la comitiva. Aunque no hizo falta forzar la puerta „bastó con llamar al guardia jurado que custodiaba las llaves„ el operario cambió la cerradura mientras procurador y secretario judicial recorrían cada estancia para levantar acta del poco inventario que se conserva en el interior del edificio. Las Clarisas abandonaron el monasterio del siglo XIV hace 15 años y se llevaron consigo los objetos de mayor valor. Desde entonces, el deterioro y el abandono han hecho mella en el gran conjunto arquitectónico, adquirido en 2006 por la inmobiliaria zaragozana Ordisa, que proyectó transformarlo en un hotel de 4 estrellas y 60 habitaciones. La venta se cerró por 2,4 millones de euros con el beneplácito del Arzobispado de Valencia. La crisis terminó frustrando los planes de la promotora, cuya incapacidad para asumir el pago de la hipoteca condujo al banco a exigir el embargo del complejo ubicado en el corazón del casco antiguo de Xàtiva.
Los concejales de Gestión Patrimonial y Casco Antiguo de Xàtiva, Ignacio Reig y Jordi Estellés, acompañaron a la comitiva judicial en un cordial recorrido de tres horas por los 4.000 m2 del complejo. Una vez levantada el acta y cambiada la cerradura, el banco se hizo con las nuevas llaves del convento y un representante de su división inmobiliaria „presente también en la inspección del edificio„ mantuvo una primera toma de contacto con el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà. La breve reunión marcó el inicio de un periodo de negociaciones entre el ayuntamiento y la nueva propietaria, que será clave para definir los posibles usos de Santa Clara en un futuro. A la espera de conocer los planes del Santander, lo primero que el consistorio ha exigido a la entidad es que ejecute labores de mantenimiento y establezca un régimen de visitas del BIC, en cumplimiento de la Ley de Patrimonio.
De momento, lo prioritario es que el banco se haga cargo de la conservación del inmueble. El arquitecto que hasta ahora supervisaba estas tareas seguirá ejerciendo como enlace entre la propiedad y el consistorio. Cerdà se mostró satisfecho por la «predisposición» de la entidad ante las demandas municipales y subrayó que, tras la incertidumbre inicial, el lanzamiento del convento «despeja el camino» porque al fin el ayuntamiento tiene un interlocutor válido al que dirigirse para intentar frenar su deterioro. «Perdimos una grandísima oportunidad porque hubo un gobierno que se gastó 12 millones de euros en una plaza de toros, pero no 2,4 millones en un valioso patrimonio para la ciudad que ahora podría tener una utilidad pública», lamenta Cerdà.
Negociaciones sobre la cesión
El banco deberá decidir ahora si saca a la venta Santa Clara. Aunque este paso sería el lógico, a ojos de la entidad el edificio se observa más como una carga „la ejecución hipotecaria se cerró por 5 millones„que como una posible fuente de beneficios. La situación del ayuntamiento tampoco es boyante como para afrontar el esfuerzo económico que ahora mismo supondría su adquisición. Por eso, de momento los responsables municipales se centran en tratar de alcanzar algún tipo de convenio que pueda desembocar en la cesión del bien a cambio de bonificaciones fiscales o de un uso preferente del edificio para las visitas.
El consistorio también quiere solicitar la utilización de los antiguos locales de Cruz Roja, incluidos dentro del conjunto conventual y sin uso. La regidora de Urbanismo, Cristina Suñer, ha ordenado al departamento de disciplina urbanística que el próximo día hábil sin falta envíe dos requerimientos a la nueva propiedad: uno recordando que por ley tiene que definir un régimen de visitas del BIC y otro para trasladar las deficiencias de carácter estructural detectadas en su seno.
