La asociación de Xàtiva que agrupa a decenas de propietarios de terrenos sujetos a programas urbanísticos truncados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria no esconde su satisfacción. La drástica bajada de los valores notificada por la Dirección de Catastro a la inmensa mayoría de afectados supone la conquista de la principal demanda del colectivo del Cànyoles, en la cruzada emprendida hace 4 años contra el pago del IBI urbano en aquellas parcelas vinculadas a los PAI que se han quedado por desarrollar.
Pese a los obstáculos iniciales, el tiempo ha dado la razón a la asociación y, como avanzó este diario, el procedimiento de revisión catastral ha devaluado hasta un 90% el suelo incluido en los sectores sin urbanizar y ha puesto fin al recibo de la contribución hinchado que hasta ahora venían soportando los propietarios. La resolución responde a una reforma de la Ley Catastral impulsada por el Gobierno para cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo que, hace dos años, puso en cuarentena los millones de euros que los ayuntamientos españoles recaudaban por esta vía.
En Xàtiva, la asociación del Cànyoles calcula que hay unos 200 afectados. Aunque sus objetivos se han cumplido en gran medida, el colectivo no se conforma y no piensa bajar la guardia. En la asamblea convocada el viernes para calibrar los efectos de la revisión, la mayoría de los asistentes acordó iniciar procedimientos individuales para reclamar a Catastro que vaya un paso más allá y ejecute la reversión de oficio de los terrenos sin expectativas de desarrollo para que vuelvan a su catalogación rústica original. Aunque, tras la devaluación del suelo, las parcelas tributan como si fueran agrícolas, a efectos legales mantienen la calificación de urbanas. El ayuntamiento descarta retomar los PAI enterrados con la crisis y ha anunciado el inicio de los trámites para la descatalogación de todos los sectores en esta situación „Cànyoles, Albaida, Papelera San Jorge, Carraixet...„, pero el proceso es largo y desde el colectivo quieren asegurarse de que la medida se lleva a término. Por eso, se muestran con ánimos de continuar con sus reivindicaciones para que las administraciones no se relajen.
Propietarios excluidos de la bajada
La reunión del viernes también puso sobre la mesa las quejas por la exclusión de diversos afectados de la revisión de Catastro. Se trata de propietarios incluidos en ámbitos de suelo dotacional destinado a equipamientos públicos cuyos terrenos debían ser canjeados por parcelas adscritas a sectores que no se han desarrollado. Ahora se encuentran en «fuera de juego» y no entienden porque no se les ha notificado la rebaja cuando sufren el mismo problema que el resto de asociados „el recibo hinchado del IBI„ tras la caducidad de los PAI. Por eso, van a pedir a Catastro que aclare las razones de su omisión.
Mientras tanto, el ayuntamiento ha enviado cartas a los propietarios cuyo suelo sí se ha devaluado para comunicarles la devolución de los importes cobrados de más en 2015. La revisión catastral obliga al consistorio a retornar 100.000 euros del ejercicio pasado y a anular una previsión de ingresos de 107.300 ? en 2016.
Francisco Hernández, presidente de la asociación del Cànyoles, expone la «satisfacción» de un colectivo que lleva 4 años denunciando una situación injusta y que ha terminado consiguiendo unos resultados «por encima de los esperados», con la gran rebaja del IBI. «Es la demostración de lo que se puede conseguir organizándose», proclama.
