El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado los trámites para ejecutar la sentencia firme del Tribunal Supremo que, en septiembre, anuló la modificación de la ordenanza reguladora que en 2010 disparó hasta un 40% el precio de matriculación del conservatorio municipal de música Lluis Milà.
A través de un documento firmado el 4 de abril y publicado ayer en el tablón de anuncios del consistorio, el regidor delegado del servicio, Joanjo García Terol, ha dado de plazo a los alumnos hasta finales de abril para que presenten, en el Área de Cultura, una copia de los recursos y reclamaciones interpuestos contra la liquidación de la tasa en el periodo comprendido entre 2010 y 2015, durante el cual ha estado aplicándose el reglamento invalidado.
Como adelantó Levante-EMV, el Supremo declaró ilegales los cambios introducidos por la corporación municipal del PP en la ordenanza que regula los precios del centro de música con la intención de compensar el tijeretazo en las ayudas de la Generalitat, que se tradujo en una gran merma de los fondos para mantener el servicio. Una vez activada la subida en 2010, el ayuntamiento calculó unos ingresos adicionales anuales de 46.280 euros.
En un principio, según el criterio establecido por el consistorio, solo los usuarios que acrediten haber recurrido o reclamado contra la medida podrán ver retornado el dinero. La cifra aún no está cuantificada. García Terol recalca a este diario que los servicios jurídicos municipales todavía están examinando la fórmula legal para acatar la sentencia. Aunque el fallo anuló el acuerdo de 2010, no solo ha puesto en cuarentena la recaudación de ese año, sino también la de los tres años posteriores, puesto que las tarifas aplicadas siguieron sustentándose sobre el mismo reglamento. Los responsables municipales están a la espera de un informe jurídico que determinará si procede la devolución de los ingresos correspondientes a todo el periodo en el que ha estado en vigor la norma o si algunas reclamaciones han prescrito.
Lo que sí tiene claro García Terol es que el ayuntamiento va a tener que diseñar y aprobar una nueva ordenanza que regule los precios del conservatorio, al quedar invalidada la actual. Precisamente fue su grupo, Compromís, el que presentó el recurso contencioso que, tras un largo periplo, tumbó la tasa promovida por el PP porque no justificó los nuevos precios con un estudio económico-financiero. «La justicia nos dio la razón: la ordenanza estaba mal hecha y ahora tenemos que rehacerla», subraya García Terol.
La auditoría prevé 2.200 euros
Aunque el consistorio computó un gasto de apenas 2.200 euros por la devolución de la tasa en la auditoría municipal de la deuda , la cifra obedece a una primera estimación que podría verse incrementada sustancialmente, a expensas de conocer el número total de recursos presentados o de si se producen nuevas demandas de usuarios que deciden acogerse al fallo.
En cualquier caso, la cantidad no parece que vaya representar ningún gran esfuerzo para el ayuntamiento. El equipo de gobierno ya ha tenido que enfrentarse al pago de 104.279 euros a los trabajadores del conservatorio después de que la Inspección de Trabajo advirtiera de su situación iregular, heredada del anterior mandato.
