Las sospechas en torno a la posible relación de la actual concesionaria de la recogida de la basura y la limpieza viaria de Xàtiva con la trama de corrupción que investiga el caso Taula han empujado al ayuntamiento a paralizar de forma temporal la adjudicación de otro contrato valorado en 5,4 millones de euros que Inditec, SAU iba a asumir de manera inminente para los próximos seis años. Como adelantó Levante-EMV, la firma perteneciente al madrileño Grupo Ortiz se ha impuesto a otras once empresas que competían en el concurso público por el control del servicio de la limpieza de edificios públicos y centros docentes, tras presentar la mejor oferta técnica y económica.

Sin embargo, la irrupción de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Xàtiva puso el procedimiento en cuarentena. Los investigadores, que buscaban pruebas de la presunta red de comisiones, blanqueo y amaño de contratos, se incautaron a comienzos de julio de una veintena de expedientes de la época de Alfonso Rus, incluida la documentación relativa a la adjudicación de la basura a Inditec en 2012 por 20 millones de euros.

Un mes después de la requisitoria de la UCO, el consistorio adoptó en el pleno municipal del sábado la decisión de suspender la concesión de la nueva contrata de limpieza de edificios durante un plazo máximo de tres meses, el límite que permite la legislación vigente, según fuentes municipales. Durante este periodo de tiempo, el equipo de gobierno aguardará a que el juzgado de instrucción nº 18 de Valencia emita un informe solicitado por la corporación con la esperanza de que pueda «aclararse» la relación de la adjudicataria con el caso Taula. La moción fructificó con el respaldo de los regidores del PSPV, Esquerra Unida y Ciudadanos. PP y Compromís se abstuvieron.

El portavoz socialista, Ignacio Reig (PSPV), ampara la propuesta dentro del artículo 42.5 de la ley de procedimiento administrativo. «No queremos realizar una adjudicación millonaria a una empresa implicada en un caso de corrupción que podría quedar anulada». Para Miquel Lorente, portavoz de EU, «cuando la UCO se lleva un expediente del ayuntamiento, estamos en una situación de excepcionalidad. La empresa no está imputada, pero tomamos esta medida cautelar por un principio de prudencia». En la misma línea se pronunció Juan Giner (Ciudadanos): «Inditec cumple el pliego de condiciones y su oferta ha sido la mejor puntuada por los técnicos del ayuntamiento, pero votamos a favor de la moción por un principio de prudencia», manifestó.

La portavoz de Compromís y teniente de alcalde del tripartito en Xàtiva, Cristina Suñer, puso la nota discordante en el debate, al cuestionar la decisión de sus socios de gobierno de paralizar el proceso. Suñer justificó la abstención de su grupo recalcando que «no existe ningún informe que avale las causas de la suspensión». La edil recordó que la investigación en torno a la trama de las mordidas dirigida por Rus se encuentra bajo secreto de sumario. «El informe (del juzgado) debería ser para todas las empresas del caso y también se debería haber pedido uno al Consell Jurídic Consultiu», remachó.

La regidora de Medio Ambiente, Pilar Gimeno (Compromís), defendió ante este diario la legalidad del concurso de la limpieza de edificios tras el registro.

Un concurso rodeado de polémica

El procedimiento se inició rodeado de controversia en los últimos compases del mandato de Rus, en 2015. Tras la caducidad del contrato gestionado por FCC „que lo mantiene prorrogado„, esta multinacional denunció que los nuevos pliegos se habían diseñado a medida de Inditec. El Tribunal de la Competencia estimó el recurso y obligó a rehacerlos. Con el tripartito ya en el gobierno, FCC impugnó de nuevo la licitación, pero esta vez el organismo jurisdiccional no atendió sus plegarias.

Fuentes municipales admiten como poco probable que en solo tres meses el juzgado que instruye el caso Taula emita el informe solicitado por el Ayuntamiento de Xàtiva, dada la complejidad de la causa. En esas circunstancias, agotadas todas las vías administrativas „añaden„ no quedará más remedio que elevar al pleno la adjudicación del contrato a Inditec para evitar una demanda por daños y perjuicios de la firma, que aspira a facturar 3 millones anuales.

Inditec también aparece en la pieza del pitufeo que ha puesto bajo sospecha la contabilidad del PP de Valencia y ha sido objeto de una investigación de la Agencia Tributaria en el marco de la causa abierta por blanqueo en el grupo popular. El Grupo Ortiz es uno de los socios del centro La Rambleta „sospechoso de generar comisiones„ y se ha visto salpicado por otro caso de corrupción ligado a Convergència (CDC), a cuyas fundaciones el conglomerado entregó donaciones supuestamente a cambio de obras en Catalunya.