Sergi Pérez (Xàtiva, 1984) recibe en su recién estrenado despacho, en la sede del Consorcio de Residuos (COR). Es agosto y en la oficina que comparte con una administrativa no se descansa. Después de 5 años asesorando a países latinoamericanos como consultor del Banco Mundial, Pérez ha vuelto a instalarse en la capital de la Costera, donde a los 15 años presidía una asociación ecologista y luego lideró el Consell de la Joventut.
¿Por qué le hace falta un gerente al Consorcio de Residuos?
La mayoría de consorcios de la Comunitat Valenciana tienen esta figura. El COR es una institución compleja que involucra tres niveles de gobierno, 93 municipios y gestiona un área de 350.000 habitantes con un presupuesto abultado. Dejar todo esto en manos de voluntarismos o de los representantes políticos exclusivamente era un error. En estos últimos años, la gestión ha estado prácticamente abandonada y el resultado es malo.
¿Cuál es su función?
El gerente ha de someterse a las directrices y a la voluntad de los órganos ejecutivos del COR, que son los que toman las decisiones. A mí me corresponde dirigir los recursos humanos y los servicios e instalaciones y contribuir a identificar posibles soluciones para implementar el Plan Zonal.
¿Qué es lo más urgente que ha de cambiar en el COR?
La institución adolece de una falta de confianza enorme de la ciudadanía, que no conoce para qué sirve y lo identifica como algo malo. La percepción del organismo está muy asociada a las malas prácticas del pasado, como la falta de consenso, transparencia y participación. Lo más importante ahora es generar confianza en la ciudadanía y demostrar que el COR es una oportunidad para generar menos residuos y mejorar la recogida selectiva, por una cuestión de responsabilidad con las generaciones futuras y porque se trata de un mandato legal. Tenemos que caminar hacia la reducción sustancial de nuestra emisión de residuos y generar confianza también entre los ayuntamientos consorciados.
¿Cómo se consigue eso?
Desarrollando una política de consensos y transparencia muy potente para dar una solución integrada a la necesidad de infraestructuras y promoviendo una agenda social en torno a los residuos, que genere puestos de trabajo e incorpore a la cadena productiva a colectivos vulnerables. Vamos a poner en funcionamiento el Consell de Participació Social, un órgano que servirá de nexo con la sociedad civil. No solo como elemento de participación, sino también de control. Además de hacer que la gente confíe en la institución y se involucre en el desarrollo de las políticas de residuos, hay que cumplir la normativa: hoy nuestras comarcas no tienen en marcha instrumentos clave como el mapa de ecoparques o no cumplen las normas de tratamiento.
¿Bajará el recibo del COR?
El objetivo del Consorcio es una gestión sostenible y eficiente de los residuos que priorice la recogida selectiva. No podemos tener estándares de países en vías de desarrollo. Hay determinadas infraestructuras que se tienen que poner en marcha en el Plan Zonal y en los próximos meses tendrá que llegarse a un consenso con todos los actores involucrados. Sin conocer qué infraestructuras hay que desplegar, dónde y qué medidas complementarias de recogida selectiva se tienen que aplicar, es muy difícil saber si la tasa será menor. El objetivo es que se pague menos, pero puede pasar que en el corto plazo haya que desarrollar infraestructuras que no permitan que el impacto sobre tasa sea tan importante como a mí me gustaría. La gente desconoce la tasa y para qué sirve. Apareció con mucha contestación social y es necesario que los vecinos se comprometan a reciclar más y a generar menos residuos para que tenga un impacto en el recibo.
¿Qué encaje ve a la Vall d'Albaida y sus reivindicaciones?
La Vall d'Albaida tiene sus propios instrumentos de planificación, unas características propias y una gran tradición comarcal y todo eso hay que respetarlo y hacerlo compatible con el Plan Zonal que abarca a las cinco comarcas. La decisión está en fase de consenso. Hemos de trabajar juntos en dar una solución colectiva a un problema colectivo. Es un buen momento para forjar alianzas.
La paralización de la planta de Llanera abre un escenario de incertidumbre con la concesionaria sobre la modificación del contrato y posibles indemnizaciones.
No podemos condenar al COR a vivir en la transitoriedad: hay que dar solución al manejo de nuestros residuos de manera responsable y sostenible, contando con todos. Mi rol es contribuir a que el proceso de toma de decisiones sea lo más informado posible y cumplir con el mandato de la asamblea. Llanera es una solución descartada porque ya no vamos a macroplantas sino a microplantas con menor impacto ambiental y social. Puedo garantizar que la solución va a conllevar mucho diálogo y trabajo, pero es difícil saber las implicaciones del proceso. Nuestra voluntad es trabajar en común con todos los actores implicados, incluida la concesionaria, que ha de entender que estamos en una realidad distinta a la de hace 10 años. Comprendo el interés de la empresa, pero hay que trabajar por el interés colectivo y general, algo que no se ha hecho.
