Los datos que recientemente lanzaba el gobierno municipal de Ontinyent acerca del ascenso exponencial que está experimentando la matriculación en la sede ontinyentina de la Universitat de València son inapelables. Según el balance del registro para el próximo curso universitario, y en base a la actual oferta de plazas, en los tres grados que se pueden estudiar —cifrada en 160 matrículas— dichas plazas han sido cubiertas al 100%. A mayor abundancia la lista de espera asciende a un total de 667 estudiantes. Con el consiguiente perjuicio para estos potenciales alumnos, ahora abandonados a su suerte y que seguramente —dada la actual crisis económica— no podrán cursar estudios, truncándose muchas carreras y frustrando el futuro de muchos universitarios locales.
El asunto tiene su enjundia y, pese a los reconocidos logros que está obteniendo el gobierno que preside Jorge Rodríguez, en esta materia, a la vista de la que está cayendo, empiezan a quedarse cortos. Ello significa que las 667 plazas de la lista de espera pesaran sobre sus cabezas como si se tratase de la espada de Damocles. Igual da que estén empadronados en Ontinyent o en cualquier municipio valldalbaidí: la responsabilidad de la ciudad, en su calidad de capital de la Vall, es extensa y no puede permitirse un censo tan elevado de falta de vacantes.
En coherencia, con la apuesta futura por el saber y el conocimiento de la que ha venido haciendo gala el gobierno municipal, no tiene otra opción que, aprovechando este tiempo olímpico, subir el listón, superarse y tratar de seguir batiendo records y retos. La carrera ya ha empezado, y cualquier relajo puede ser fatal. Aludiendo al gran poeta Machado, los de Rodríguez saben que no hay camino; se hace camino al andar. En su caso, gobernar, tant si val. El reto que tienen por delante no es el ensimismamiento o la recreación con los logros pasados, que los hay y así se lo reconoció la ciudadanía el 24M del año pasado, sino en lograr una aspiración social, a priori utópica.
Urgente necesidad social. Esgrimir el dato según el cual la demanda quintuplica la oferta real va a ser un aval irrebatible que el gobierne de Rodríguez podrá blandir, con autoridad, ante las administraciones que corresponda, en aras de cubrir esta urgente necesidad social. Pero las carencias y precariedades formativas de Ontinyent no se detienen en el flamante y nuevo edificio universitario, sino que se arrastran desde hace más de tres décadas, cuando el entonces concejal nacionalista Ximo Ureña llevó la propuesta, que fue aprobada por el pleno, de solicitar al gobierno de la Generalitat una Escuela Oficial de Idiomas propia para la ciudad. Desde entonces han sido numerosas las veces que, dicha petición, ha sido llevada y aprobada por el pleno. Mientrastanto Ontinyent dispone, a modo de sucedáneo, de un aulario en el IES Pou Clar, dependiente —irónicamente y como oprobio para los ontinyentins— de la EOI Xàtiva, la misma que, seguramente y en justicia, le correspondía a Ontinyent. Pero, al parecer primó, a tenor de las investigaciones desveladas, el cambalache y el presunto reparto de beneficios entre dos, ahora ex, altos cargos del PP, Alfonso Rus y Máximo Caturla.
