El juzgado nº 15 de lo penal de Alzira suspendió ayer la vista oral programada contra cuatro activistas que participaron en las protestas de 2011 para paralizar las obras de la línea de alta tensión Ontinyent-Alcoi, acusados de coacciones, daños, desobediencia y amenazas. La incomparecencia de un testimonio solicitado por la Fiscalía „que ejerce como acusación en la causa„ y del representante legal de una de las empresas perjudicadas desembocó en el aplazamiento de la sesión. El juez ha impuesto a ambos multas de 200 euros por no acudir al juzgado pese a estar citados. Dado el volumen de trabajo y la falta de medios que sufre la sede judicial, la más colapsada de la C. Valenciana, la vista ha tenido que posponerse hasta el 13 de noviembre de 2017.
Conerva, SL, subcontrata de Iberdrola con sede en Zamora, denunció coacciones a los operarios que construían el trazado de la luz y de cuantiosos daños en la maquinaria y en las herramientas empleadas durante los trabajos. La Guardia Civil detuvo hace cinco años a tres miembros de la Plataforma contra la Alta Tensión. Un año más tarde, otro integrante fue imputado por los mismos hechos.
La causa ha permanecido paralizada en los juzgados de Ontinyent durante tres años. La Fiscalía apreció indicios de delito y solicitó la apertura de la vía penal. El Ministerio Público pide para los acusados una multa de 10 euros diarios durante un periodo que oscila entre los 9 y los 15 meses, así como una pena de prisión de un año y 10 meses, a la que se sumaría una indemnización de 4.800 euros por los daños ocasionados. Las sanciones económicas pueden alcanzar los 17.000 euros.
La Plataforma contra la alta tensión señala a los activistas juzgados como «cabezas de turco» utilizados para frenar las movilizaciones. Los activistas fueron arrestados por la Guardia Civil días después de haber sido identificados durante una de las acciones para paralizar los trabajos de la polémica línea, que ocupó una parte de las 2.500 hectáreas de monte que recientemente se habían quemado en los incendios que afectaron a diversos municipios de la Vall d'Albaida en septiembre de 2010. Apenas unos meses antes, la Generalitat había autorizado la construcción del trazado de alta tensión solicitado por Iberdrola.
Los acusados reiteran el carácter «pacífico» de las protestas a las que asistieron y se declaran inocentes. La defensa asegura que no hay pruebas ni indicios que los vinculen con los destrozos, ocurridos a lo largo de diversos días en los que no participaron en ninguna acción. La representación legal de los activistas lamenta las dilaciones del proceso judicial y sostiene que los hechos imputados no tienen suficiente entidad como para ser tipificados como delito.
Concentración de apoyo
Alrededor de 70 personas trasladadas desde diferentes municipios de la provincia se concentraron ayer a las puertas de la sede del juzgado de lo penal de Alzira para mostrar su apoyo a los procesados. La movilización se inició a la hora del juicio (las 10.30) y se prolongó hasta las 13.20 horas, cuando se conoció la noticia de que el juez había suspendido la vista. La Plataforma ha iniciado una campaña de «solidaridad» con los activistas para recoger aportaciones económicas que permitan hacer frente a los gastos del juicio y a la posible sanción económica que determine el juzgado. Hasta ahora, la entidad ha conseguido recaudar más de 4.000 euros. La plataforma agradece los apoyos recibidos y se muestra «con mucha fuerza» para «continuar la lucha». Este diario contactó ayer con la promotora de la línea de alta tensión, pero no pudo obtener su versión.
