Con apenas 175 habitantes, la gran mayoría personas mayores, para Bufali, en La Vall d'Albaida, contar con una escuela en la localidad que evite que las familias con niños en edad escolar se tengan que marchar es quizá su mejor apuesta para asegurar el futuro de la población. Ello supone en ocasiones tener que alterar las prioridades municipales y hacerlo, como acaba de ocurrir recientemente, con un escaso margen de tiempo e implicando en ello a varias administraciones. Que se lo digan a su alcaldesa, Estefanía Mollà, quien en tiempo récord y con ayuda de la Diputación de Valencia ha tenido que buscar la manera de proporcionar una vivienda a una familia para evitar que este matrimonio y sus tres hijos tuvieran que marcharse del pueblo, lo que habría dejado el colegio público con tan sólo cuatro alumnos, por debajo del mínimo necesario para mantenerlo abierto.

No ha sido ésta la primera vez que el Ayuntamiento de Bufali se ha enfrentado a la amenaza del cierre del colegio. El año pasado, el centro estuvo a punto de quedarse con tan solo dos alumnos y para evitarlo, el consistorio decidió difundir una oferta de trabajo con el objetivo de atraer a familias con hijos menores, a las que además de trabajo se les facilitaría el acceso a una vivienda. Como resultado de aquel proceso, dos nuevas familias, con cinco hijos pequeños en total, cuatro de los cuales estaban ya en edad escolar, se instalaron en la localidad, asegurando la permanencia del centro escolar durante varios años. O al menos eso parecía, pues este verano la imposibilidad de una de las familias de continuar en la casa que tenían alquilada y la inexistencia de otros inmuebles para alquilar en la localidad, puso en serio peligro su permanencia en Bufali. Y amenazó, por tanto, la apertura de la escuela para el inminente curso. Según explica Estefanía Mollà, «en julio nos comunicaron que el dueño de la casa necesitaba rescindir el alquiler porque tenía que ir a vivir allí, lo cual era perfectamente comprensible, y aunque pensamos que podríamos encontrar otra vivienda lo cierto es que, por más que buscamos, no hubo manera», asegura.

Integrados en el pueblo

Ante esta situación, la alcaldesa sólo vio una solución posible: que el ayuntamiento asumiera la compra de una casa para transformarla en vivienda social y la pusiera a disposición del matrimonio y sus tres hijos a cambio de un alquiler. «Ellos no se querían marchar, porque tienen su trabajo, están completamente integrados en el pueblo y sus hijos han hecho amigos y son felices aquí; y nosotros no podíamos permitirnos que se fueran porque eso hubiera provocado que el colegio se quedara sólo con 4 alumnos, ya que de los 6 que hay, dos son hijos de esta familia y nos lo hubieran cerrado», relata Estefanía Mollà. El consistorio necesitaba alrededor de 40.000 euros. Sin embargo, el ayuntamiento sólo podía afrontar esta cantidad si destinaba el grueso de las ayudas del Plan Provincial de Obras y Servicios (64.453 euros). Así, la Diputación de Valencia ha reajustado las ayudas y las ha acelerado para poder habilitar la casa.