La liquidación económica de dos grandes contratos suscritos por el Ayuntamiento de Xàtiva en tiempos de Alfonso Rus puede desembocar en el desembolso de cantidades difíciles de digerir para la administración local. Ayer mismo, el gobierno municipal inició el expediente para resolver y liquidar el contrato de concesión del aparcamiento subterráneo de la plaza de la Bassa después de que el 30 de septiembre la administración concursal de la sociedad Llanera S.L. abandonara la gestión del parking como consecuencia del proceso de disolución de activos de la firma, que entonces mantenía gran sintonía con el ejecutivo del PP.
El ayuntamiento, que asumió la explotación mediante un proceso de urgencia para garantizar su continuidad, ha encargado ahora una serie de informes para determinar los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual y por la liquidación de la concesión por parte de Llanera, que construyó y venía explotando la instalación desde septiembre de 2004.
Esta es otra de las «patatas calientes» heredadas de la anterior corporación. La administración concursal de la constructora exige desde 2013 el pago de 1,6 millones de euros en concepto de indemnización por la construcción del aparcamiento. La obra fue motivo de polémica porque Rus permitió a Llanera ejecutar una planta más de la prevista en el contrato sin volver a licitar las obras y con los sobrecostes consabidos.
Mientras tanto, los actuales responsables municipales han de resolver la papeleta de la reclamación millonaria, contemplada como un «potencial daño económico» que el anterior equipo de gobierno no atendió durante sus tres últimos años de mandato.
En julio de 2016, el banco titular de la hipoteca que pesa sobre el aparcamiento, pidió al ayuntamiento que resolviera el contrato y le dio un plazo de medio año para determinar la cuantía que le correspondía abonar a la administración por el importe no amortizado del préstamo que Caixabank concedió a Llanera para financiar las inversiones de construcción y explotación del subterráneo. La firma adeudaba al banco 1,3 millones de euros por la operación.
Modificación presupuestaria
La junta de gobierno de ayer también dio luz verde a un trasvase de fondos presupuestarios que, entre otras obligaciones, contempla el pago de 175.733 euros a FCC, SA, por la revisión de precios de los servicios que prestó esta empresa entre 2011 y 2012, en cumplimiento de una sentencia.
Cuando el ayuntamiento apartó en 2012 a la multinacional de la contrata de la recogida de residuos y limpieza viaria para adjudicar la concesión a Inditec SAU, la mercantil y la corporación iniciaron una batalla administrativa y judicial amplificada por las discrepancias existentes a la hora de saldar una serie de importes pendientes, con el desencuentro entre FCC y entonces alcalde, Alfonso Rus, como mar de fondo. Por un lado, la justicia ha estimado parcialmente la reclamación de la empresa y el ayuntamiento ha de pagarle 175.733 euros en concepto de revisión de precios. Por otro, el TSJ ha fallado a favor del consistorio sobre la liquidación de la contrata, que determinó un saldo favorable de 355.639 euros para la administración.
En la modificación de créditos de ayer —para dotar económicamente diferentes partidas que necesitan fondos antes de acabar el presente ejercicio— el consistorio consigna el cobro de esta cuantía en el apartado de ingresos para compensar parcialmente la deuda pendiente de la revisión de precios. Sin embargo, FCC mantiene un recurso contra el pleito, que podría terminar volviéndose en contra del ayuntamiento.
El concejal de Hacienda, Ignacio Reig, indicó ayer que el coste final para las arcas municipales por la pugna con la multinacional puede terminar disparándose. De ahí que el equipo de gobierno haya dotado fondos por la misma cuantía del importe liquidado a FCC —355.000 euros— para poder afrontar sin problemas el gasto imprevisto sin tener que asumir intereses de demora, que en el caso de sentencias judiciales pueden alcanzar el 7% en 2017, según advierte Reig, tras censurar la gran cantidad de «pufos» que se arrastran, ya contabilizados en la auditoría de 2015.
