Noviembre de 2006. El Consorcio de Residuos nacido para gestionar la basura de 300.000 habitantes de 93 municipios de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, la Safor y el Valle de Ayora da luz verde a sus estatutos y comienza oficialmente a andar. Diez años después, el organismo apenas ha avanzado de la casilla de salida y sigue sin poder aportar una solución medioambientalmente sostenible para el tratamiento de las 130.000 toneladas de residuos que genera cada año el territorio.
El COR V5 fue el último de los consorcios valencianos en constituirse dentro del mapa parido por el Consell del PP con el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana. Las tensiones políticas internas motivadas por las dificultades para coser un ámbito geográfico tan amplio y poco cohesionado bloquearon durante más de un año el funcionamiento de un organismo que, hoy en día, sigue estando a la cola: es el único consorcio de la provincia que continúa operando en fase transitoria, sin desplegar su plan de gestión y sin disponer aún de unas instalaciones propias para tratar su basura de manera autónoma. El COR depende de la «solidaridad» de otros organismos homónimos y mantiene tres convenios para distribuir sus residuos en plantas dispersas a cientos de kilómetros, con el sobrecoste que ello comporta.
Una de las primeras decisiones de la nueva asamblea surgida de las elecciones de 2015, dominada por el PSPV y Compromís, fue solicitar a la Generalitat que paralizase la tramitación administrativa de la macroplanta de Llanera de Ranes, adjudicada en 2009 y todavía pendiente de recabar los permisos ambientales. Pasados ocho meses de aquel acuerdo, la conselleria aún no se ha pronunciado al respecto. La contestación social y política que generó el proyecto, las dudas sobre la ubicación escogida, los cambios a los que fue sometido, la crisis y las diputas en el seno del PP desembocaron en el carpetazo a las instalaciones.
Un año después del cambio de ciclo, el giro en la gestión de los residuos arroja muchas dudas, en medio de un panorama dominado por la incertidumbre y por el retraso en el cumplimiento de la normativa. El presidente del COR, Roger Cerdà, anuncia un nuevo plan de gestión que comenzará a diseñarse en 2017 y plantea una red de ecoparques fijos y móviles en los municipios que los anteriores gestores del PP fueron incapaces de poner en marcha. Sin embargo, aún ha de abordarse un debate crucial en torno al número de «microplantas de tratamiento» que se ejecutarán en las comarcas, una fórmula por la que apuesta ahora la conselleria para suplir la instalación de Llanera. De momento, Vallada, Ròtova y Bufali han ofertado terrenos, pero aún ha de valorarse la idoneidad de estos emplazamientos, que además se someterán a consultas vecinales.
A falta de dos años y medio para terminar el mandato, Cerdà admite que en esta legislatura será imposible poner en marcha las plantas, escudándose en la necesidad de un amplio consenso y de suficientes garantías técnicas. Bufali opta a instalaciones de tratamiento y eliminación para los residuos de la Vall d'Albaida, pero de momento ningún municipio quiere acoger el vertedero del resto de comarcas, un problema añadido para los nuevos gestores. En última instancia, la Generalitat tendrá que tomar cartas en el asunto y adoptar una decisión si no hay acuerdo, aunque en el COR se contempla ya la posibilidad de seguir conduciendo el rechazo recogido de las plantas de reciclaje previstas de Vallada y Ròtova a vertederos de otras zonas geográficas.
Demasiadas incógnitas en el aire y el tiempo apremia. Fuentes del sector medioambiental y de la gestión de residuos observan con preocupación la falta de concreción del nuevo rumbo emprendido y la ausencia de base jurídica y técnica de las últimas decisiones del COR, como la paralización de la planta de Llanera o el acuerdo con la Mancomunitat de la Vall d'Albaida para dar encaje al desarrollo del Plan de Minimización. A la misma corriente se suman diversos alcaldes. El Consell Jurídic Consultiu aún no se ha pronunciado sobre estos asuntos y sus dictámenes podrián deparar sorpresas, puesto que los golpes de timón han de adaptarse al corsé que impone la ley de residuos.
Dudas sobre las microplantas
El COR y la conselleria se han plegado a los intereses de la Mancomunitat para que la Vall d'Albaida disponga de una planta propia de residuos que sería gestionada por la empresa concesionaria del ente comarcal, una decisión no ha gustado en la Safor y que choca con el actual plan de gestión del COR adjudicado a Vytrusa. De momento, la UTE muestra buena voluntad para negociar los cambios propuestos y descarta plantear una batalla judicial, aunque los observan con inquietud e incerteza, porque afectan sustancialmente al contrato vigente aprobado.
Mientras tanto, surgen voces críticas en el sector que disienten de que el nuevo modelo de las microplantas que defiende el Consell sea más beneficioso para el medio ambiente, dado que «el impacto y la conflictividad social se multiplican». A falta de estudios hasta ahora inexistentes, puede que también el coste económico sea mayor e incluso inviable.
