La movilización de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Xàtiva ha logrado paralizar un desahucio programado esta mañana en la calle Ventura Pascual. Medio centenar de personas se han concentrado a las puertas de la vivienda donde reside una familia de cuatro miembros con escasos recursos a las 9.30 horas y, finalmente, el lanzamiento hipotecario ha sido aplazado por el juzgado. Hasta el inmueble se han desplazado los concejales del equipo de gobierno Miquel Alcocel y Pilar Gimeno, así como miembros de las PAH de Asturias, Sueca y Ontinyent.

La PAH denuncia la "indefensión" de los afectados. Romuald, el padre de familia, se encuentra en paro. Cristina, su mujer, sufre una minusvalía del 66%. El matrimonio tiene dos hijos: Alexandra, de 24 años y un menor de 8 años. Según la Plataforma, el proceso es ilegal porque contraviene la doctrina jurisprudencial sentada por la Unión Europea en 2015, que se aplica con carácter retroactivo. La familia censura que no han sido notificados formalmente del desahucio y que hasta el viernes no les avisaron de que se iba a producir el mismo. "No nos ha dado tiempo a nada", lamenta Romuald.

A continuación, la protesta se ha trasladado a las oficinas del Banco Popular ubicadas en la calle República Argentina, donde la presión de los manifestantes se ha intensificado con proclamas contra los desahucios. Pese a que la entidad ha impedido el paso inicialmente a las personas que protestaban, finalmente los afectados han podido entrar en el banco acompañados por dos agentes de la Policía Nacional que se han personado en el lugar a las 11.15 horas. La entidad ha ofrecido a Alexandra y Romuald la documentación necesaria para tramitar una solicitud de alquiler social, una solución provisional que ha despertado los aplausos de los manifestantes y que de momento satisface a los afectados.

Fuentes del banco consideraron la movilización innecesaria porque ya se había propuesto esta alternativa, aunque los afectados aseguran que su abogado no les había informado y están convencidos de que sin las protestas hubieran sido desalojados. "Nos han dicho que nuestra casa no estaba ocupada, cuando en ningún momento hemos abandonado la vivienda", denuncia Alexandra.

Sin embargo, la PAH no baja la guardia y avanza que seguirá asesorando a la familia para negociar una solución acorde a sus ingresos. Según explica un portavoz, la amenaza del desahucio sigue estando presente, aunque se ha aplazado durante un mes. El proceso de ejecución hipotecaria se remonta a 2013. La plataforma considera que el juzgado ha de aplicar la tutela judicial efectiva y de oficio anularlo porque es ilegal si se aplica la jurisprudencia de la UE. Desde el colectivo recalcan que la familia no dispone de alternativa habitacional y lamentan que siguen produciéndose desahucios de familias sin ingresos en el partido judicial de Xàtiva pese a las nuevas normativas y a las medidas implantadas por los ayuntamientos para paliar la problemática.