L'Alcúdia de Crespins podría contar en breve con unos ingresos extra que revertirían en la ciudadanía. El gobierno municipal tramita la puesta en marcha de una tasa que grave la ocupación del dominio público por parte de las empresas eléctricas, de gas y agua que atraviesan la localidad. El próximo pleno, a finales de mes, contempla debatir y aprobar la ordenanza fiscal, que entraría en vigor inmediatamente después de superar los cauces burocráticos y de exposición pública.

La iniciativa llega avalada por una sentencia del Tribunal Supremo que ha dado la razón a algunos ayuntamientos que también se han planteado la tasa a las compañías, aunque no sean suministradoras. El concejal de Hisenda d l'Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigós, aludía ayer a esta sentencia del Supremo y señalaba que el consistorio está elaborando la ordenanza y calculando la recaudación que podría obtener el ayuntamiento con la aplicación de la tasa. Una cuantía que podría oscilar entre 10.000 y 20.000 euros anuales, señalaba ayer a este diario el también primer teniente de alcalde, quien añadía que «aún no tenemos calculados los ingresos para las arcas municipales».

El importe dependerá de las instalaciones que discurren por dominio público, de la ocupación. La oficina técnica del consistorio está realizando un mapa para situar las líneas de alta tensión y gasoducto que hay en el municipio, exponía Garrigós, quien subrayaba que l'Alcúdia de Crespins cuenta en su término municipal con torres eléctricas de alta y media tensión, una central de gas que abastece otras localidades y pozos de agua. Desde el gobierno municipal estiman que se puede llegar a cobrar entre 2.500 y 12.000 euros al año por kilómetro lineal según el tipo de tensión (baja, media o alta) y entre 500 y 4.000 euros al año por cada kilómetro de gasoducto.

El Supremo lo avala

Pepe Garrigós recordaba que la ley de haciendas locales establece que las eléctricas, con sus tendidos, y las empresas de gas tienen que pagar una tasa a los municipios por atravesar sus territorios. «Hasta ahora, las empresas no han pagado porque, o bien no reconocían la tasa, o bien la consideraban desproporcionada, y los recursos de los ayuntamientos habían sido desestimados». «Ahora, el Tribunal Supremo, con sentencias firmes, acepta que los ayuntamientos valoren como construcciones las líneas eléctricas de alta tensión y las canalizaciones de gas, para calcular la base imponible de la tasa por utilización de dominio público», remarcaba.

Garrigós afirmaba que «estas multinacionales hasta ahora estaban exentas de esta tasa, lo que no era justo, ya que están ocupando suelo público y no pagan por su rendimiento. Revierten los beneficios en los consejos de administración, no en la ciudadanía», censuraba el teniente de alcalde, que manifestaba que «nosotros queremos que esos beneficios repercutan en los vecinos, que les hace más falta». El edil de Hisenda aseguró ayer que los ingresos que reporten esta tasa al consistorio «se destinarán a servicios sociales, a las personas más necesidades y a ocupación», concluía.