Más pronto que tarde el alcalde de Ontinyent y presidente de la diputación de València, Jorge Rodríguez, tendrá que dejar de mirar hacia otra parte, y tomar medidas. Nos referimos a ese final de los privilegios de los que ha gozado hasta la fecha la Iglesia Católica española. Tal cual lo anunciaba, en los pasados días, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, al apoyar la propuesta del gobierno municipal de València, que preside Joan Ribó, en el sentido de «cobrar el IBI a la Iglesia». Y obviamente cabe referirse, como muy bien concretaba la munícipe madrileña, «al cobro del tributo a los inmuebles que no sean de culto de cualquier confesión». Una Constitución que va a cumplir 40 años y se declara aconfesional, no puede, ni debe, consentir privilegios medievales. El asunto del IBI transcendió como consecuencia de la demanda de «más autonomía financiera para los ayuntamientos», que fue esgrimida en el transcurso de las Jornadas Municipalistas celebradas recientemente en València. Además se pidió «suprimir el 0,7% para la Iglesia en el IRPF y obligar a que pague el IBI».

Asimismo, y abundando en el tema, recientemente, la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, propuesta por En Comú Podem «por la que se insta al Gobierno a suprimir progresivamente la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF y revisar los beneficios fiscales de los que disfruta la institución (IBI)», entre otras cuestiones afines. Votaron en contra PP y C's. Sin embargo todo puede quedar en papel mojado, en el caso de que no se revise y modifiquen con urgencia los —ya obsoletos— acuerdos adoptados entre el Gobierno español y el Vaticano, fijados en el Concordato firmado por el Gobierno de Franco con el Vaticano en 1953 y sólo ligeramente modificados con la llegada de la democracia.

Ontinyent, ya en la primera corporación democrática, tras la dictadura franquista, hubiese podido enarbolar la bandera en ser una de las primeras ciudades españolas en llevar a cabo en las manifestaciones públicas (procesiones, etc.), la separación entre Iglesia y Estado. Para ello el por entonces alcalde ontinyentino, Rafael Tortosa, hubiese tenido que atender la petición que le formularon, en tal sentido, representantes de la Iglesia en la ciudad, en vez de primar intereses de signo electoral.

De todo, como en botica

Los pasados días han dado de todo, como evidenciando que esto se mueve. Precisamente para que vaya a más el movimiento del tren, el Consell y ayuntamientos, todos a una, se reunían para exigir al gobierno de España la modernización de la línea Xàtiva-Alcoi. Y van tropecientas veces. Mientras tanto Jorge Rodríguez, en su doble condición de batle y presidente de la diputación, sigue haciendo declaraciones públicas, sin mojarse y dando capotes políticamente correctos, caso de abogar «un modelo de Estado federal en España», y de «que cada autonomías decida el modelo de gobierno intermedio que quiere y si quiere o no diputaciones». Sin embargo y en vista de que no mueve ficha, le adelantaban por la izquierda los del CEIP Rafael Juan Vidal al iniciar un proceso para cambiar el nombre del centro, impuesto durante el franquismo. Precisamente de otros que tal bailan, digo del PP, teníamos que su presidente provincial, Vicente Betoret, venía a hacer un bolo a la Vall, no para pedir humildemente perdón por la infinidad de latrocinios y delitos perpetrados por su camada delictiva a lo largo de dos décadas a los valencianos, no, sino para sacar pecho arrogante y espetar un insultante —a la inteligencia— «el PP es el único partido capaz de liderar un proyecto para todos los valencianos», y se hacen la foto sin ningún asomo de arrepentimiento.