La Dirección General de Catastro ha descubierto 3.692 inmuebles no declarados en 19 localidades de la Costera, la Canal y la Vall d´Albaida desde que, en 2013, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda inició un ambicioso proceso de regularización masiva que le ha llevado a rastrear construcciones ilegales de todos los municipios de España. Aunque la campaña de inspecciones seguirá en marcha hasta julio de este año, la entidad ha hecho públicos los resultados correspondientes a aquellas poblaciones donde el procedimiento se ha completado totalmente.
Los dueños de las edificaciones incluidas en el listado incumplían «la obligación de declarar de forma completa y correcta un alta o modificación» y han tenido que abonar una tasa de 60 euros por la incorporación de sus propiedades al padrón municipal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Los ayuntamientos, que han incrementado sus ingresos gracias a esta medida de lucha contra el fraude, tienen en su mano la decisión de si reclaman o no al infractor el pago del IBI «actualizado» con carácter retroactivo.
En el ámbito de las tres comarcas, el programa de Catastro para «garantizar la adecuada concordancia de la descripción catastral con la realidad inmobiliaria» ha permitido regularizar 3.196 inmuebles asentados en el ámbito urbano y 496 en suelo rústico.
Las inspecciones han destapado 249 piscinas ilegales en los 19 municipios analizados (el 6,76% de las infracciones cazadas), así como 950 ampliaciones y rehabilitaciones y 902 reformas y cambios de uso en edificaciones que no se habían notificado a las administraciones. Sin embargo, las irregularidades relacionadas con las construcciones de obra nueva (1.590) son las más repetidas y representan el 43,7% de los casos contabilizados.
En el conjunto de la Costera, la Canal y la Vall d´Albaida, Anna es la localidad que aglutina más construcciones nuevas que han sido objeto de regularización (218) y también es líder en piscinas ilegales (40), por delante de Navarrés, con 39. Además, es la segunda población que más edificaciones tenía en suelo rústico (71), por detrás de Albaida, con 178. Vallada es, en cambio, el pueblo con más obras legalizadas a raíz de la campaña de Catastro, con 559 regularizaciones (la gran mayoría en suelo urbano): 251 reformas, 190 nuevas construcciones y 30 piscinas. A esta población le sigue en la tabla la Font de la Figuera, con 508 inmuebles regularizados: 283 reformas y 163 de nueva edificación. En Canals, Catastro cazó 481 irregularidades: 283 reformas no declaradas y 163 edificios de nueva construcción.
De los 78.388 inmuebles existentes en los 19 municipios inspeccionados, un 4,71% no estaban registrados «completa y correctamente» como exige el organismo de Hacienda. Un porcentaje que supera tanto el dato autonómico (3,9%) como el provincial (4,2%) de inmuebles por legalizar en los municipios rastreados.
205.000 € de ingresos en Xàtiva
Los resultados publicados hacen referencia a los municipios objeto del procedimiento de regularización entre 2013 y 2015. Las batidas e inspecciones de Catastro se han sucedido a lo largo de 2016 y de 2017 en las 40 poblaciones restantes de las tres comarcas. En Xàtiva, donde el proceso terminó en junio de 2016, la medida antifraude afloró 1.200 inmuebles que no tributaban al fisco, lo que reportó 205.000 euros adicionales en 2017 a las arcas municipales. Entre las irregularidades detectadas figuran trasteros no declarados a Hacienda, locales inscritos como almacenes que funcionan como bares, hipermercados que se hacen pasar por naves y gasolineras camufladas como solares industriales que se ahorraban la contribución.
