Através de una contratación municipal se está llevando a cabo una estrategia de participación, que ha comenzado en junio y se extenderá hasta el mes de diciembre, para la elaboración del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Xàtiva. Contempla una serie de encuentros abiertos a toda la ciudadanía a través de la celebración de mesas participativas, actividades divulgativas e iniciativas desde diferentes puntos de vista como el patrimonio, el urbanismo, la movilidad, el comercio el turismo o los espacios verdes.
Al hilo de esta iniciativa surgen una serie de reflexiones sobre el alcance y el carácter vinculante de este ejercicio de democracia participativa directa en el marco de un ámbito normativo, técnico y profesional como es la elaboración de un plan de este tipo, de obligado cumplimiento a tenor de la vigente legislación de patrimonio histórico español y patrimonio cultural valenciano.
La declaración del conjunto histórico-artístico de la ciudad de Xàtiva se produjo en el año 1982 y la ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 ya determinaba la obligación para el municipio de redactar un plan especial de protección, por lo que el retraso en la elaboración de este plan en el caso de Xàtiva supera los treinta años. La urgencia, pues, en la elaboración de este documento para la ciudad es extrema y cualquier retraso añadido o el destino de recursos públicos, de por sí escasos, a acciones relacionadas, bien directa o indirectamente, han de estar justificadas y con criterios bien definidos.
En este contexto el llamamiento a la participación general es una estrategia, que aunque no obligada como bien se ha remarcado por sus responsables, si que ha de quedar bien definida con criterios que garanticen que los resultados obtenidos puedan ser útiles y aporten valor. Por otra parte el procedimiento normativo que debe seguir este instrumento de planeamiento, como proceso administrativo que debe respetar principios constitucionales y escuchar a los ciudadanos administrados interesados, garantiza la audiencia y establece canales reglados de participación a través de los trámites de alegaciones y recursos que procedan.
Si se considera imprescindible implicar a toda la ciudadanía sería interesante consensuar previamente como se plantean las herramientas participativas, siendo críticos y exigiendo tanto a promotores como a participantes la necesidad de ser muy cuidadosos, a riesgo de caer en una banalización si los dirigentes políticos descafeínan el proceso. Si en la participación cabe casi cualquier cosa, desde la queja a la opinión sobre gustos y colores, con mayor o menor razón, ello reducirá sin duda la implicación del criterio normativo, técnico y profesional a la mera defensa de los derechos de los participantes como clientes, usuarios o consumidores sacrificando la calidad y el valor de la aportación.
Lo importante y sustantivo es la finalidad, el Plan Especial. Invocar sin el criterio de aportación de valor añadido un taller, un grupo de trabajo, una encuesta o un foro de debate materializa una participación adjetiva y meramente procedimental que se quedará en el interés político de vender una gestión al ciudadano para captar su atención extrayendo un rédito alejado del interés general. ¿Cabe promover y repetir fórmulas y métodos, que han servido en otros procesos, y, sin probar su infalibilidad, ni concretar y repensar su idoneidad aplicarlos a determinadas materias más técnicas? ¿No es utópico pensar en el ciudadano participativo perfecto, informado, con tiempo, que actúa y que cuenta con un universo cognitivo pluridisciplinar y coherente?
¿Tienen razón de ser las dudas que plantean la falta de información y de capacidad de comprensión de los ciudadanos como un gran obstáculo para hacer crecer significativamente su participación en la toma colectiva de decisiones complejas, en las que hay que tener en cuenta la relación entre factores demográficos, económicos, ecológicos o urbanísticos entre otros?
Probablemente la definición de la participación en ciertas materias como la elaboración de un plan especial de protección de un conjunto histórico-artístico tan valioso y exclusivo como el de la ciudad de Xàtiva ha de pasar por un análisis de criterios (grado de representatitividad, grado de información, capacidad educativa, extensión, coste/dificultad organizativa, impacto en políticas) que servirán sin duda para decidir aquellos mecanismos más aconsejables y rechazar aquellos otros que seguramente serán deficitarios, desaprovechando tiempo y recursos para conseguir lo sustantivo.
