Decenas de locales comerciales de Xàtiva han expresado sus quejas por las inspecciones que está llevando a cabo la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) para reclamar pagos a los establecimientos por las licencias de derechos de los autor que se derivan a través del uso de televisores, radios y equipos de música especialmente. Bares, peluquerías, gimnasios y otros establecimientos de la capital de la Costera han recibido la visita de inspectores de la SGAE exigiéndoles los contratos de las licencias y los pagos. Desde la asociación de autores en València negaron ayer que hubiera en marcha ninguna campaña de inspecciones y afirmaron que «en la SGAE no iniciamos campañas, no las llevamos a cabo, esos no son nuestros métodos», y expusieron que estas visitas a establecimientos comerciales son «actividades rutinarias». Indicaron que el representante de la entidad en cada zona realiza día a día este trabajo, ya que «cualquier establecimiento que tenga un aparato de recepción que gestiona la SGAE (música, cine, danza, audiovisual,...) tiene que contratar la licencia, según el tipo de establecimiento y el uso», indicaron ayer a Levante-EMV.

Las reclamaciones de licencias y pagos de la SGAE han motivado las críticas y denuncias de los locales afectados, que censuran los «elevados» pagos que exige la asociación de autores. Una de las afectadas es Belinda Talens, propietaria del Bar Belinda en la avenida Ausiàs March de Xàtiva, que ha sufrido las exigencias de la SGAE por disponer de un televisor en su negocio y a quien la entidad ha llegado a embargar una cuenta para cobrarse el pago, sin que la dueña llegara a firmar ningún contrato con la sociedad de autores. Belinda ha tenido incluso que pagar el impuesto que adeudaba el anterior arrendatario del local, después de una sentencia firme que le obligaba a ello, y sin opción a presentar recurso, se lamenta.

Belinda Talens recibió en enero la visita del representante legal de la SGAE en la zona de la Costera, que se presentó en su bar para formalizar el contrato y entregar la documentación, ya que en el local había instalado un televisor, que Belinda señala que se utiliza para ambientar el local, pero que nadie mira. La propietaria, que estaba trabajando, lo emplazó a regresar otro día. Pero según Talens, el representante de la SGAE ya no volvió. El pasado 17 de marzo recibió la documentación del juzgado por la denuncia de la SGAE por negarse a pagar la licencia y, según critica, «aportaban documentos con datos que no son verdad», ya que le han cargado cuotas del anterior adjudicatario del bar. La afectada también señala que la entidad envía cartas por correo, algunas de ellas no han sido recibidas y de hecho en la documentación de la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, hay certificados sin la firma de recepción. La SGAE le reclamaba los pagos atrasados de abril a diciembre de 2015 y de enero a diciembre de 2016. Un total de 566 euros y 10 días para hacer efectivo el pago, aunque no se le indicaba la cuenta en la que abonarlo. Belinda recurrió el 21 de marzo y presentó un escrito exponiendo sus alegaciones y que no tenía contrato con la SGAE. La propietaria del bar denuncia la «falta de tiempo para alegar», ya que el día 4 de abril le indicaron que estaba a la espera de sentencia y al día siguiente le comunicaban dicha sentencia, de fecha del 30 de marzo. El 23 de mayo recibió la notificación en la que le apremiaban a pagar o sería embargada. Tras embargarle una parte, Belinda Talens abonó el 7 de junio el resto, 724 euros, ya que a los 566 reclamados se sumaban las costas del proceso, que también ha tenido que asumir.

Ha retirado el televisor

Belinda censura que tras abonar todo el pago «no me han notificado si se ha levantado el embargo, ni he recibido ninguna respuesta por ello». La propietaria del bar denuncia la actuación de la SGAE, «es un impuesto revolucionario a nivel nacional que estamos pagando todos, para mantener a gente que no trabaja», denuncia. «Es vergonzoso», manifestaba indignada. Ahora ha retirado el televisor del negocio para no abonar más los 323 euros que le correspondería pagar al año por ello.