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Parra se libra. Algo va mal

De asombrosas, perplejas y prepotentes „cuando no imprudentes„ cabe considerar las palabras y la actitud que mostraba, en este diario, el expresidente del COR, Vicente Parra, acerca de una sentencia judicial en la que sale limpio de polvo y paja, a raíz de la denuncia que le interpuso un empresario de Alzira, al parecer por una operación especulativa frustrada como mar de fondo. Todo ello en el proceloso asunto de la imaginaria planta de Llanera. O lo que en el argot popular se viene en llamar «entre pillos anda el juego». La sentencia de la audiencia también se exonera a FCC y a su director en València, Salvador Otero, quien tras el fallo debe dormir más tranquilo, ya que el panorama no se vislumbraba claro para ellos en caso de haber rascado más hondo sobre el tema en ciernes. Un tándem que, visto desde la Vall, ha fet més mal que Tello.

El papel victimario de Parra se da de bruces cuando se repasa su memorial de agravios, todos ellos impunes. y perpetrados durante, al menos, un quinquenio. En su calidad de presidente del COR, cargo al que ascendió, como compete evocar, a propuesta de los tejemanejes urdidos por el PP, la labor del edil setabense fue altamente sonrojante. Parra se erigió en una muestra viviente de la decadencia moral o ética y la falta de valores solidarios y de decencia democrática que habita en los grandes nombres del PP valenciano. Igual da que estén en prisión, salgan impunes de los juicios o bien librados del tribunal ante la falta de pruebas gracias a las ingenierías que esgrimen sus letrados para sortear las leyes. La sentencia de la calle contra los Carlos Fabra, Rafael Blasco, Alfonso Rus, Francisco Camps, etc., siempre es la misma: corrupción.

Y es que Parra fue el verdugo necesario que puso el PP, desde la Generalitat, para servir en bandeja de plata a FCC (amigos del PP) la cabeza del Pla de Minimització de la Vall d'Albaida. Bien lo demuestra el dosier de sentencias judiciales favorables que, en el transcurso de una década, fueron falladas por los tribunales, sucesivamente, ante los recursos más peregrinos: los que fue interponiendo en los juzgados la plantilla de abogados que defiende los colores de FCC per tot arreu. Parra, al que conceptos como consenso y diálogo le debían sonar a chino, optó, para satisfacer a sus superiores, por el mantra de la «legalidad», tan recurrente en el PP. Máxime cuando torticeramente todo el tinglao estaba tejido y cortado pret a porter. Eso sí, de las tres plantas de transferencia y demás instalaciones físicas que Parra debía haberle exigido a Vytrusa (léase FCC), ni hablar del peluquín. Menos mal que los líos del PP ralentizaron las prisas de Parra. El resultado fue que el Pla pudo salvar los muebles. Lo que no fue óbice para que, en agosto de 2014, Parra sacase pecho, ufanándose porque «la Mancomunitat está cumpliendo con la legalidad prevista para la gestión de los residuos», tras un imperativo mandamiento judicial y no por consenso entre las partes. Y se obligó a la Vall a llevar sus basuras a la planta de transferencia de Ròtova. Un antojo que le costó a la Mancomunitat miles de euros en sobrecostes, al tener que cerrar la planta de transferencia de Bufali. La misma que ha reabierto el nuevo COR, que además de compensar económicamente a la Mancomunitat, y tras la saturación de Ròtova, ha llegado a un acuerdo para que puedan transferir basura en la planta de Bufali.

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