La alargada sombra del conflicto de la basura no termina de difuminarse en la Vall d'Albaida. En pleno verano, la concesionaria de la recogida de residuos urbanos de los 34 municipios de la comarca, Recisa, ha amenazado con suspender el servicio en el plazo de un mes si la Mancomunitat no se pone al día con las más de 200 facturas que acumula pendientes de pago desde octubre de 2016. La deuda de la entidad con la empresa asciende a la friolera de 1,6 millones de euros.
El escrito presentado por Recisa va acompañado de una relación de tres folios de obligaciones reconocidas en el registro del Ministerio de Hacienda y no satisfechas. La adjudicataria acusa a la Mancomunitat de incumplir con creces los periodos de pago exigidos en la ley de contratos, una normativa que invoca en su desafío para reivindicar el derecho a interrumpir el contrato -o incluso a resolverlo y a exigir un resarcimiento económico- apelando a que algunos recibos se remontan a hace más de 8 meses.
La empresa, que factura una media de 200.000 euros al mes, denuncia una situación insostenible que, «lejos de corregirse, va a peor». Los repetidos impagos de la Mancomunitat provocaron crisis similares durante la pasada legislatura y amenazas de huelga de los trabajadores, aunque la basura nunca llegó a quedarse en la calle. Durante este mandato, sin embargo, las aguas navegaban más tranquilas y los problemas parecían haberse disipado. Hasta ahora. La firma echa en falta un cambio de rumbo más profundo en la gestión y manifiesta su hartazgo por los compromisos que se eternizan en el tiempo.
Los empleados de Recisa están cobrando las nóminas, pero la mercantil incide en que no puede seguir endeudándose y «haciendo de banco de la Mancomunitat». Por un lado, los ayuntamientos incumplidores siguen arrastrando una importante deuda de 600.000 euros con el ente comarcal que compromete la financiación del servicio. Por otro, Recisa calcula un agujero de 300.000 euros anuales desde 2014 a raíz de la obligación de transferir en Ròtova las 30.000 toneladas de basura de la comarca por orden del Consorcio de Residuos (COR). En un guiño al Plan de Minimización y a la autonomía de la Vall d'Albaida en la gestión de su basura, este último organismo se ha plegado a las demandas de la Mancomunitat y tiene previsto reabrir a mediados de agosto la estación de transferencias de Bufali, con tal de volver al status quo anterior, poner fin a la problemática, acortar las distancias que recorren los camiones y, de paso, cumplir la ley y ahorrarse importantes cantidades de dinero con el transporte. Paralelamente, el COR se ha comprometido a indemnizar a la Mancomunitat por los sobrecostes de los desplazamientos a Ròtova. Sin embargo, ambas administraciones todavía se encuentran a la espera de un dictamen del Consell Jurídic Consultiu para resolver el expediente de responsabilidad patrimonial y determinar el importe que le corresponde pagar al Consorcio, puesto que existen notables discrepancias. La Mancomunitat reclama 300.000 euros anuales para compensar a Recisa, mientras que los técnicos del COR rebajan esta cuantía a 81.500 euros.
«Sorpresa» en la Mancomunitat
Mientras tanto, la concesionaria se desespera porque el pasivo ha ido acumulándose y estrangulando su liquidez. El presidente de la Mancomunitat, Vicent Gomar, pide paciencia y asegura que «en breve» se solucionará este litigio, que considera piedra angular del conflicto. Aunque «sorprendido» por el escrito «sin previo aviso» de Recisa, Gomar se muestra tranquilo y convencido de que la basura no se quedará en la calle. El presidente hace hincapié en la importancia de que los alcaldes se pongan al día con lo que deben y sostiene que el combate de la morosidad es la prioridad del organismo. Al mismo tiempo, la Mancomunitat adelantó hace poco 400.000 euros a través de un confirming y ha refinanciado la deuda histórica con la diputación. El desafío, en cualquier caso, amenaza con desestabilizar el nuevo marco de colaboración y consenso entre el COR y el ente supramunicipal.
