El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dado carpetazo definitivo al expediente de la planta de transformación de subproductos de origen animal que se proyectaba en suelo no urbanizable de la Pobla del Duc. La sala de lo contencioso-administrativo ha anulado la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que en 2014 la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente concedió a la empresa Sig Renovables, SL.

La sentencia, dictada el 20 de junio, da la razón al Ayuntamiento de la Pobla del Duc, cuyos recursos ya consiguieron paralizar de manera definitiva las instalaciones en octubre de 2016, cuando el mismo tribunal dejó sin efecto la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y la Declaración de Interés Comunitario (DIC) autorizadas bajo el mandato de Isabel Bonig en la conselleria, al considerar que eran contrarias a derecho.

En cumplimiento de esa resolución firme, los actuales gestores de la administración autonómica invalidaron ambos permisos y enterraron el proyecto, en marzo de este año. Aún así, quedaba por resolver el recurso de impugnación del consistorio contra la AAI. La empresa pidió en un escrito que se declarase extinguido el procedimiento judicial por «pérdida sobrevenida de objeto», puesto que la anulación de la DIC y la DIA comportan automáticamente la ineficacia de la AAI por «falta de requisitos esenciales». Sin embargo, los magistrados del TSJ hacen hincapié en que la conselleria todavía no ha derogado esta última autorización de la actividad y han decidido dictar «un pronunciamiento expreso» para instar a la administración a revertir el trámite «por causas sobrevenidas», sin entrar a valorar el fondo del asunto.

Aunque la sentencia dictada el 20 de junio no es firme y contra ella cabe recurso, la empresa ya ha manifestado su intención de renunciar a los planes de construir la planta de grasas animales en la Pobla del Duc. En declaraciones a Levante-EMV, el alcalde de esta localidad, Vicent Gomar, se congratula de que, después de este último pronunciamiento del TSJ, «queda liquidado definitivamente el proceso». Se pone fin así a «una batalla brutal y muy costosa» encabezada por su ayuntamiento, que ha corrido con los gastos de los recursos judiciales que han conseguido tumbar el proyecto. «Ya no hay vuelta atrás. La empresa ha desistido y ya no tiene nada que ver», indica Gomar, «muy contento» por el funeral definitivo del expediente de la planta. «Para nosotros es un éxito como pueblo: hemos conseguido unirnos en un tema que nos afectaba mucho». El alcalde destaca «la valentía» de los concejales de PSPV y AIPV que se opusieron a la tramitación en el pleno municipal y prendieron la mecha de un movimiento de protesta con epicentro en la Pobla del Duc. Gomar también ha agradecido el apoyo de los pueblos vecinos a la movilización antiplanta.

Escollos técnicos insalvables

El proyecto despertó una gran contestación ciudadana por sus dimensiones, así como por las dudas sobre las intenciones de los promotores y un cúmulo de escollos técnicos insalvables: los terrenos carecían de accesos adecuados para el tráfico rodado de camiones y no disponían de suministros básicos. La empresa no justificó la idoneidad de las parcelas agrícolas donde pretendía asentarse, frente a otras áreas industriales más consolidadas de la geografía valenciana.