Cuatro integrantes de la Plataforma contra la línia d'Alta Tensió Ontinyent-Alcoi se sentaron ayer en el banquillo de los acusados por las protestas que hace seis años trataron sin éxito de detener las obras del trazado eléctrico, promovidas por Iberdrola sobre un tramo de superficie forestal afectada por el incendio que en 2010 arrasó 2.500 hectáreas de monte en la Vall d´Albaida.
El juicio quedó visto para sentencia en la Ciutat de la Justícia de València. La Fiscalía, única parte personada como acusación en la causa, mantuvo los cargos solicitados para los activistas al término de la vista oral por las supuestas coacciones a los trabajadores y los daños en la maquinaria que denunciaron dos subcontratistas de Iberdrola.
Los acusados, que en sede judicial proclamaron su inocencia y negaron su participación en los hechos, se enfrentan a multas de 10 euros diarios durante un periodo de 9 a 15 meses, así como a condenas de prisión de un año y 10 meses y al pago de indemnizaciones de 4.800 euros.
Para apoyar sus tesis, el Ministerio Público presentó como testimonios por videoconferencia las declaraciones de trabajadores y de la representación legal de las empresas que ejecutaron las obras, una de ellas inmersa en un procedimiento concursal. La defensa, por su parte, pidió la absolución de los encausados. La letrada Mª Josep Martínez considera que no hay prueba alguna que permita relacionarlos con los desperfectos y amenazas a operarios. Ni las fotografías ni el atestado de la Guardia Civil que la Fiscalía presenta como evidencias permiten identificar a los jóvenes como autores de los hechos delictivos, según esta versión. Ningún agente de la Benemérita declaró ayer. La defensa sostiene que los activistas fueron usados como «cabezas de turco» y que su detención «solo tenía el objetivo de desactivar las protestas de 2011», en las que éstos aseguran haber participado de manera pacífica.
El procedimiento se eterniza
El proceso judicial se ha eternizado en el tiempo, lo que ha provocado las quejas de los acusados. El juicio llega seis años después de las manifestaciones y con la línea de alta tensión en funcionamiento. La causa encalló durante un prolongado periodo en los juzgados de instrucción de Ontinyent, hasta que la Fiscalía apreció indicidos de delito e instó a abrir la vía penal.
En septiembre de 2016, el colapsado juzgado nº15 de lo penal aplazó un año y dos meses el juicio inicialmente fijado en Alzira por la incomparecencia de los testigos citados por la acusación, los representantes legales de las dos empresas contratadas por Iberdrola.
Medio centenar de personas se concentraron ayer a las puerta de Ciutat de la Justícia para mostrar su apoyo a los encausados. La Plataforma contra l´Alta Tensió ha recogido aportaciones económicas para sufragar los gastos del juicio, puesto que las sanciones económicas pueden alcanzar los 17.000 euros. La sentencia se conocerá en cuestión de dos semanas.
Desde la Plataforma contra l'Alta Tensió ven "con buenos ojos" el desarollo del juicio, puesto que, a raíz de las declaraciones de los propios trabajadores de la empresa, "se ha evidenciado que la denuncia y los argumentos con que se acusaba los miembros de la Plataforma no tenían ningún fundamento; tampoco había razón para ser detenidos y mucho menos para ser juzgados", señalan. "No sólo no se han podido probar de manera clara los hechos que se imputaban a las encausadas, sino que los trabajadores y el perito que han participado al juicio han tenido muchas contradicciones y pocos argumentos", concluyen desde la entidad.
