A pesar de los reparos de la interventora durante el procedimiento de contratación menor, el Ayuntamiento de Xàtiva ha adjudicado de forma temporal al exgerente del Fons Valencià per la Solidaritat entre los años 2000 y 2010 el servicio de integración social y mediación intercultural de la oficina de atención a personas migrantes.
En un informe de fiscalización fechado el 8 de noviembre, la Intervención advirtió de que la concurrencia competitiva del proceso podría haber sido «formal y no real», después de que el ejecutivo decidiera anular la adjudicación inicial a la empresa TotMultiservicis, SL, que presentó la oferta más económica de entre las tres propuestas por el departamento de Bienestar Social. El motivo: el objeto social de la firma (vinculada a la reforma de inmuebles y la organización de eventos) no se ajusta a las características del servicio.
El pasado lunes, la junta de gobierno otorgó el contrato al segundo clasificado, un profesional autónomo ligado al ámbito social. Siguiendo las advertencias de los servicios jurídicos, el acuerdo deja claro que éste «no tendrá puesto de trabajo en las dependencias municipales ni correo institucional» para «garantizar su independencia» respecto a la administración. La inteventora recuerda al ejecutivo en su informe que, en caso contrario, «podría tratarse de una relación laboral encubierta».
El PP se apoya en este documento para poner en solfa la legalidad de un proceso que, en primera instancia, tuvo que repetirse porque solo una de las tres empresas propuestas presentó oferta. La portavoz popular, M.ª José Pla, ve sospechoso que se invitara a una firma que no cumplía los requisitos, a tiempo que recalca que en la anterior adjudicación del servicio tampoco se respetaban «y entonces no fueron tan exhaustivos». Según la formación, el nuevo contratista ya estaba ligado a la anterior empresa encargada del programa, aunque entonces «no tenía la titulación específica requerida», que habría obtenido posteriormente. Los populares iniciden igualmente en el antiguo lazo laboral entre el contratista y la regidora de Bienestar Social, que trabajó a las órdenes de aquél en el Fons, entidad que ahora preside.
«Es totalmente legal»
La edila del área, Xelo Angulo, niega tajantemente que esa relación haya influido en un contrato que se ha tramitado por la vía menor ante la urgencia de cubrir el servicio durante seis meses (18 horas a la semana) mientras se ultiman los trámites para abrir una bolsa laboral de mediador mediante una convocatoria con mayor concurrencia de profesionales. La edila atribuye el retraso a que el departamento va «saturado» por la cantidad de expedientes de contratación de personal iniciados. «No podemos dejar parado el servicio porque tenemos una subvención de la Generalitat y muchas actividades que atender», apunta. Angulo vincula el informe de intervención a «una cuestión burocrática» y niega que el nuevo adjudicatario haya trabajado con anterioridad en el servicio, a tiempo que defiende que el proceso «es totalmente legal».«Antes el PP no tenía problema: contrataba a dedo», zanja.
