El Ayuntamiento de Castelló de Rugat ha tenido que sacar a subasta pública diversos solares de titularidad municipal para poder hacer frente a la sentencia que condena a la administración local a abonar 352.516 euros a la familia propietaria de la antigua industria de pavimentos Baldosín Boronat por la expropiación de los terrenos donde se asienta el emblemático complejo abandonado, en ruinas y parcialmente protegido, después de que la superficie quedara reordenada dentro de una zona verde dotacional en el planeamiento urbanístico.
En un primer procedimiento, el ayuntamiento ha licitado la compraventa de tres parcelas industriales colindantes de casi 2.000 m(2) incluidas en su catálogo de bienes patrimoniales, valoradas en 127.546 euros y situadas en el polígono El Molí. El precio de salida de cada una supera los 40.000 euros y sus dimensiones oscilan entre los 628 y los 700 metros cuadrados. Las condiciones de la subasta se hicieron públicas a comienzos de mes y el plazo para presentar ofertas se cerró el pasado sábado. A la espera de la apertura de plicas, programada para esta misma semana, la corporación ha recibido al menos una propuesta firme.
Los solares, situados en las inmediaciones de la nave de Frutas Rana, fueron asumidos por la hacienda municipal a raíz de la reparcelación derivada de las obras de urbanización del sector industrial, que aún están a la espera de completarse y de ser recepcionadas por la administración. Por esta circunstancia, tal como avisan los pliegos, aún no pueden concederse nuevas licencias de construcción ni de actividad en su seno. El consistorio no solo espera recaudar fondos con la operación, sino también atraer nuevas empresas y expandir su polígono, donde recientemente se han invertido 150.000 euros procedentes del plan de modernización de áreas industriales de la Conselleria de Economia.
En una vía paralela, el pleno municipal del viernes dio luz verde a la alienación de una nueva extensión de suelo urbanizable que también va a sacarse a subasta para financiar el pago de la sentencia. Como adelantó este diario en julio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a la familia propietaria de la superficie fabril, que reclamó una indemnización por la pérdida de los terrenos catalogados como dotacionales públicos en el PGOU de la población. Ante la falta de acuerdo con la corporación por la vía administrativa durante la anterior legislatura, bajo el mandato del PP, los titulares acudieron al Jurado Provincial de la Expropiación Forzosa. En 2012, este órgano dictó un justiprecio por el valor de las fincas, pero las discrepancias entre las partes dieron pie a un litigio que terminó en el alto tribunal.
Bienes de relevancia local
El consistorio exploró desde el principio distintas fórmulas para minimizar el impacto de la resolución judicial en la tesorería municipal, teniendo en cuenta que el importe de la condena representa el 20% del presupuesto de un año. Un informe calculó en 248.736 euros el valor del suelo a expropiar, una cifra a la que se suma el precio de la edificación industrial en pie y de los dos bienes de relevancia local que conserva la antigua fábrica y que el ayuntamiento tiene la obligación de conservar por su valor histórico: una antigua chimenea industrial y dos hornos de arcilla. La familia propietaria declinó la permuta de suelo ofrecida por la entidad local y pidió el pago de la compensación en metálico.
«Los vecinos están teniendo mucha paciencia y confían en que este gobierno cumplirá lo que dicen los tribunales», indica el alcalde de Castelló de Rugat, Antonio Esquinas, tras lamentar «una situación económica heredada que nos condiciona». «No somos especuladores: no podemos pagar nóminas con trozos de tierra», señala a continuación, para explicar la subasta de patrimonio municipal.
