Pagos sin soporte documental y por duplicado, opacidad contable, ausencia del control de gastos, fraccionamiento de contratos, facturas al margen del presupuesto... La Sindicatura de Comptes ha trasladado al Tribunal de Cuentas un cúmulo de irregularidades detectadas en la gestión del Ayuntamiento de Vallada que, en buena medida, explican porqué esta población de 3.100 habitantes ha llegado a ostentar el dudoso honor de ser la tercera con más deuda por habitante de España. La auditoría radiografía la quiebra técnica municipal a lo largo de un detallado informe de 105 páginas que, partiendo del ejercicio de 2014, disecciona a fondo la etapa del PP y AIPV al mando de la corporación.
La Sindicatura ha notificado seis anomalías en las que aprecia indicios de responsabilidad contable por una serie de pagos valorados en 354.000 euros. De momento, el Tribunal de Cuentas ya ha comenzado a recabar pesquisas y ha requerido más información al ayuntamiento para determinar si cabe el enjuiciamiento de los hechos, que podrían salpicar a varios exmandatarios si se demostrara un quebranto en las arcas municipales.
La auditoría, solicitada por el actual equipo de gobierno socialista, pone negro sobre blanco la colosal deuda de la administración local, que multiplica por ocho el presupuesto anual de ingresos. Después de haber abierto en canal las cuentas de la última década, la Sindicatura no duda en achacar la actual «situación financiera insostenible» del Ayuntamiento de Vallada a la «gestión irregular» del parque empresarial de Valpark, un faraónico proyecto de 1,3 millones de metros cuadrados que se quedó en agua de borrajas en 2009. La culpa, según el informe, no fue de la crisis, sino de la decisión del consistorio gobernado por el PP de «asumir un riesgo que no le correspondía», al contratar con una empresa las obras de urbanización del parque por un importe de 46 millones de euros, sin crédito presupuestario y saltándose la teórica gestión indirecta del PAI. Esta medida, agrega el auditor, vulneró ley: eran los tres agentes urbanizadores adjudicatarios los que debían contratar a la constructora encargada de ejecutar la urbanización. Las empresas incumplieron su obligación de abonar el coste de las obras repercutidas por el ayuntamiento, que terminó asumiendo certificaciones millonarias y otros gastos impropios como la dirección facultativa -cuyos honorarios se consideran sobrevalorados en 105.333 euros- y las costosas expropiaciones de terrenos.
Para gestionar Valpark, se constituyó en 2006 la SGPEV, una sociedad municipal que «se utilizó de forma indistinta y a veces simultánea con el propio ayuntamiento». La auditoría subraya la ausencia total del control y la opacidad de la mercantil, que operó varios años sin rendir cuentas.
Entre las «irregularidades significativas» remitidas al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura apunta al posible pago por duplicado de un mismo servicio consistente en la instalación de dos monopostes publicitarios en Valpark con cargo al erario público. Por un lado, el consistorio abonó 89.161 euros a una empresa que subcontrató el trabajo a otro proveedor. Paralelamente, la subcontratista facturó a la sociedad municipal en 2007 la instalación y montaje de los monopostes por un importe de 112.520 euros, incluyendo en su presupuesto trabajos como la impresión de vinilo y la cimentación. Otros dos proveedores facturaron a la SGPEV estos mismos conceptos por más de 47.000 euros.
Sin consignación ni justificación
El informe también pone la lupa en otras facturas de 31.028 euros giradas a nombre de la SGPEV pero abonadas por el consistorio, sin consignación presupuestaria, así como en otros cinco pagos por 13.186 euros «sin ningún tipo de soporte documental». La empresa municipal fraccionaba contratos para eludir los principios de publicidad y libre concurrencia, una circunstancia que «no permite garantizar que los precios contratados sean acordes al mercado», tal como ahonda el informe.
Al margen de Valpark, la Sindicatura detecta otro incumplimiento normativo en una subvención de 21.168 euros euros de la diputación concedida por el ayuntamiento en 2014 a una comisión de fiestas sin que conste en ningún expediente administrativo ninguna factura ni documento justificativo. Lo mismo ocurre con el pago de 17.018 euros a dos sociedades musicales de Vallada. En las alegaciones, tanto la actual alcaldesa como el exalcalde Vicente Perales defendieron que las citadas actuaciones y servicios se habían prestado y que la ayuda se había justificado correctamente, con lo que lo más lógico es que estas cuestiones terminen archivándose.
Por último, la auditoría también ve indicios de alcance contable en la inclusión de 68.865 euros en el fondo de pago a proveedores habilitado por el Ministerio de Hacienda en concepto de facturas «proforma» -sin validez contable-, recibos que no aparecen y pagos duplicados por 1.157 euros.
