La Audiencia Provincial de València ha revocado el archivo provisional de la querella interpuesta por el PP contra el alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, a raíz de la contratación de una periodista, y ha ordenado al juzgado de instrucción nº3 de Xàtiva que retome las diligencias a las que dio carpetazo en octubre de 2017. La Audiencia ha estimado el recurso del grupo municipal popular, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, y ha pedido que se tome declaración como testigo a la citada profesional, una prueba solicitada por la parte querellante que la magistrada Mª José Rausell no consideró necesaria y que la Fiscalía secunda porque «debe procederse a una mayor ivestigación» para «un adecuado esclarecimiento de los hechos». En su recurso, el PP alegó que se le había causado indefensión «por vulneración del derecho de defensa».

A juicio de la Audiencia, el sobreseimiento de la causa se dictaminó de forma «prematura» porque «no se agotó la instrucción para determinar o descartar indiciariamente la supuesta comisión delicitiva de la querella». La propia instructora, en un principio, citó a la periodista en el juzgado, pero, finalmente, no valoró procedente tomarle declaración.

El PP considera que el equipo de gobierno vulneró la ley empleando la modalidad de la contratación menor para asignar al puesto «a dedo» a una persona de confianza. «No vamos en contra de las personas ni somos jueces, sino meros garantes de que el ayuntamiento no acabe de convertirse en una empresa privada que paga con el dinero del contribuyente», señala la portavoz popular, Mª José Penadés. «Denunciamos las supuestas irregularidades de un alcalde al que se le acumulan las causas en el juzgado y que seguramente se excusará en los informes del secretario y en que este es otro ataque para desprestigiar su imagen y su honor o que en un pueblo pequeño no deberíamos entorpecer su gestión», agrega Penadés. La regidora remarca que al primer edil «no es el PP el que le juzga», aunque, a su juicio, «le molesta que se actúe con contundencia, legalidad y pleno derecho para controlar sus intereses y el buen funcionamiento del ayuntamiento».

Por su parte, Muñoz se muestra tranquilo por la legalidad de la contratación y acusa a los populares de «intentar forzar las cosas al máximo». El alcalde subraya que la jueza que instruyó la causa «lo tenía claro» y por eso no tomó la testifical a la periodista. «Es un bloqueo continuo: intentan dinamitar la gestión como sea y se agarran a un clavo ardiendo», zanja.