El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha dado la razón al Ayuntamiento de Alfarrasí y ha cerrado la puerta a la indemnización por responsabilidad patrimonial que reclama el expiloto mundialista de motos Jerónimo Vidal por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la orden judicial que decretó el cierre y la demolición del circuito de karts «La Parà», construido con los permisos municipales y autonómicos en 2007 y clausurado poco tiempo después.
Tomando como base jurídica el dictamen emitido por el organismo consultivo el 21 de febrero, el consistorio ha desestimado la solicitud de resarcimiento económico hecha por Vidal -que podría rondar los 240.000 euros-, al entender que la administración local no tuvo la culpa del calvario económico que ha de soportar el promotor por el coste de devolver los terrenos a su situación original y las multas asociadas.
En 2008, el Tribunal Superior de Justicia estimó la denuncia del dueño de una granja colindante que, tras acreditar los efectos negativos del circuito en la cría de sus conejos, tuvo que ser indemnizado con 10.000 euros. La sentencia condenó a la Generalitat a anular la resolución dictada el 6 de febrero de 2007 por el conseller de Territorio, Esteban González Pons (PP), por la cual se declaró de interés comunitario la construcción y explotación de la pista de karts en suelo no urbanizable. A raíz del fallo, la misma conselleria que autorizó el complejo pasó a multar al propietario y a obligarle a restaurar la legalidad urbanística. Ante la amenaza de nuevas sanciones, Jero Vidal presentó en 2014 una solicitud para que el consistorio anulara definitivamente las licencias concedidas en 2007 y valorara la indemnización que le correspondía, al haber amparado y dado su visto bueno a las obras. El corredor ve inasumible los costes del derribo después de perder todo lo invertido y considera que la entidad local ha de asumir parte de los trabajos. Sin embargo, el expiloto tuvo que acudir a los tribunales por la falta de respuesta municipal. En 2016, una sentencia condenó al ayuntamiento a pagar 24.000 euros en costas procesales por su «pasividad» y le ordenó que tramitara la anulación de las licencias y que valorara la posible reponsabilidad patrimonial «generada».
«No entiendo esta persecución»
Una vez agotada la vía administrativa, la defensa de Vidal anuncia un recurso contencioso contra la decisión del consistorio de dar carpetazo a la indemnización. El abogado del expiloto subraya que, en la sentencia firme sobre los permisos, se señalaba, sin entrar en el fondo el asunto, que se había generado una responsabilidad patrimonial. Según indican fuentes municipales, el dictamen del CJC aclara que esta afirmación es errónea y que, en lugar de «generada», la resolución judicial debía decir «instada por el promotor».
La representación del expiloto concluye que, en caso de que los tribunales rechacen la reclamación, el consistorio se habrá gastado 24.000 euros en costas «para nada». Un importe (el 2% del presupuesto municipal) que el excorredor llegó a pedir por registro de entrada que el alcalde pagara de su bolsillo. «No entiendo esta persecución contra mi persona», sostiene por su parte el primer edil de Alfarrasí. Federico Vidal mantiene que el consistorio «ha actuado en todo momento defendiendo los intereses del conjunto de la población» y «cumpliendo las resoluciones judiciales». Vidal recuerda que el origen del conflicto se remonta al mandato del PP.
