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La firma pública de Valpark fraccionó contratos para gastar 1,1 millones en publicidad y proyectos a dedo

El informe que la Sindicatura de Comptes ha llevado al Tribunal de Cuentas concluye que el Ayuntamiento de Vallada empleó la sociedad para sortear la ley de contratación - Se pagaron 100.000 euros en una web, videos y logotipos y 53.890 euros en eventos

La firma pública de Valpark fraccionó contratos para gastar 1,1 millones en publicidad y proyectos a dedo

El informe de fiscalización del Ayuntamiento de Vallada que la Sindicatura de Comptes ha llevado al Tribunal de Cuentas desnuda la facturación de la sociedad mercantil de titularidad exclusivamente municipal que el equipo de gobierno del PP creó en 2006 para gestionar una serie de gastos al margen del proyecto inicial de Valpark, el malogrado parque logístico empresarial de 1,3 millones de metros cuadrados cuya «gestión irregular» desencadenó la actual «situación financiera insostenible» del tercer municipio con más deuda por habitante de España.

Después de examinar a fondo el 95,5% de las operaciones de la cuenta de acreedores de la empresa pública SGPEV entre 2006 y 2009, la Sindicatura aprecia «incumplimientos significativos de la normativa aplicable» que «no permiten garantizar que los precios contratados sean acordes al mercado, tal como exige la ley de contratación» por un importe de 1,15 millones de euros. El fraccionamiento de contratos, la ausencia de concurrencia de ofertas y la falta de conformidad técnica de los trabajos estaban a la orden del día.

La muestra revisada incluye 22 facturas de seis proveedores. El primero de ellos, a pesar de tener como objeto social la promoción inmobiliaria, percibió 118.615 euros por servicios relacionados con la tramitación de marcas, imágenes promocionales, videos y diseño del logotipo de Valpark (47.502 euros), así como por el desarrollo y actualización de la web (30.421 euros) o por la elaboración de un audiovisual para la presentación de Valpark en Bruselas que costó 11.948 euros. A pesar de que todos estos trabajos eran susceptibles de formar una unidad funcional, según la Sindicatura se encargaron a través de contratos menores concatenados para eludir el artículo 74 de la Ley de Contratos. A la misma empresa, además, se le pagó una factura de «imagen e instalación de vinilo en dos monopostes» por 11.972 euros que incluía trabajos ya facturados en otro recibo abonado a una mercantil distinta. Esta presunta duplicidad del gasto es uno de los indicios de responsabilidad contable que el organismo señaló al Tribunal de Cuentas para que lo investigara.

Un segundo proveedor se adjudicó (también sin concurso) el contrato para redactar un proyecto de expropiación de los terrenos por 30.000 euros. Entre febrero y octubre de 2008, la SGPEV liquidó 133.000 euros en facturas de dicho acreedor a nombre del ayuntamiento en concepto de «proyecto de urbanización» y 50.000 euros por la dirección facultativa de las obras del parque. Otros 31.028 euros fueron girados a nombre de la SGPEV pero abonados por el consistorio sin consignación presupuestaria. La Sindicatura detecta en estos hechos una «deficiencia de control interno» y una «confusión de funciones entre la sociedad municipal y ayuntamiento» que también se ha puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas por si hubiera generado un descubierto en los fondos públicos. Entre el consistorio y la SPGEV abonaron al segundo proveedor más de 942.732 euros por informes y proyectos, incluyendo 5.348 euros en negociación de pagarés.

Sorteando los principios de publicidad y concurrencia, se contrató a un tercer proveedor, C, la instalación de dos monopostes publicitarios por 164.462 euros y la construcción de la glorieta III del parque por 554.186 euros. Sin embargo, las certificaciones de obra de los monopostes incluyen partidas de cimentación que también aparecen en otra factura de 112.520 euros girada por el un cuarto proveedor, D. La glorieta tuvo un sobrecoste de 47.209 euros. Paralelamente, consta otro pago de 89.160 euros por el «suministro de monopostes» a la adjudicataria de la urbanización y partidas también repetidas de cimentación de los citados paneles por 35.413 euros.

A la quinta empresa proveedora, E, se le contrataron diversos estudios complementarios para la tramitación del PAI de Valpark por 81.200 euros eludiendo la ley.

«Instrumento para eludir la ley»

El informe recoge las conclusiones del auditor nombrado por vía judicial en 2016 para liquidar la empresa pública, que permaneció seis años sin actividad desde la paralización de las obras de Valpark. El auditor determinó que la empresa municipal «fue constituida con un objeto social muy acotado y relacionado con la urbanización de terrenos, aunque constituyó un mero instrumento del ayuntamiento para sortear la normativa aplicable a las contrataciones públicas». La opacidad de la firma era evidente. Sus operaciones no figuraban en la Cuenta General de Ayuntamiento y escapaban a los controles de la intervención, a tiempo que sus balances se depositaban siempre fuera de plazo en el registro mercantil.

El ruinoso final de Valpark ha hipotecado a Vallada con una deuda millonaria que multiplica por 8 el presupuesto municipal. El suelo del parque empresarial, apadrinado y priorizado por el Consell de Francisco Camps dentro de su política industrial, continúa siendo hoy un gran descampado vacío.

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