La reapertura de la planta de Bufali se anunció hace año y medio con la finalidad de atajar los sobrecostes de 300.000 euros anuales que denuncia sufrir la Mancomunitat de la Vall d'Albaida desde 2014, por la obligación de desplazar a Ròtova la basura de la comarca. Primero se programó la puesta en marcha de la instalación en julio de 2017. Luego se marcó noviembre en el calendario. El pasado 7 de marzo, la junta de gobierno del organismo supramunicipal dio luz verde a la actividad de la planta a partir del lunes 12, una vez recabados los permisos necesarios. 9 días después, sin embargo, el complejo continúa oficialmente fuera de funcionamiento y la empresa concesionaria, Recisa, sigue transportando los deshechos que recoge en los 34 municipios de la comarca hasta la Safor.
En la Mancomunitat niegan cualquier tipo de contratiempo más allá de la lentitud de los trámites administrativos. Atribuyen el retraso a la necesidad de ir adaptando la planta «progresivamente» y a que la empresa concesionaria del Consorcio de Residuos (que gestiona el tratamiento y la eliminación) se coordine con Recisa (que recoge y transporta la basura) dentro de un escenario de «normalidad». Otro de los motivos alegados para explicar la demora es el parón festivo. En cualquier caso, la entidad comarcal asegura que en los últimos días se han estado efectuando pruebas de transferencia y pesajes en las instalaciones, «poniéndolo todo en marcha» con la idea de que esta misma semana comiencen a operar.
Pero el elemento nuclear que ralentiza la transición es que la Mancomunitat y la empresa concesionaria, Recisa, todavía no han llegado a un acuerdo para ajustar el contrato vigente a la nueva realidad, a falta de limar flecos pendientes. La firma rechaza operar en la planta hasta que se produzca la demandada modificación contractual, después de advertir de la «inseguridad jurídica» en la que se encontraría en caso de comenzar a prestar el servicio solo «de palabra», sin ese revestimiento de legalidad. Fuentes de la empresa consultadas por este diario lamentan la tardanza en materializar un paso «simple y básico» para reducir el trayecto que ahora recorre la basura (excediendo el tope de kilometraje marcado por la ley), y sostienen que, en caso de no anular primero la transferencia contratada en Ròtova, se estaría incurriendo en un enriquecimiento ilícito. Recisa subraya que necesita un contrato en el que apoyarse para facturar a la entidad comarcal, ante el vacío que se produciría, por ejemplo, en caso de accidente. En cualquier caso, la empresa confía en que esta misma semana le den audiencia y pueda resolverse el trámite pendiente.
La nave de Bufali era empleada por Recisa hasta 2014 para transferir la basura de la comarca, hasta que el Consell del PP y los tribunales obligaron a la Mancomunitat a desplazarse hasta Ròtova. En agosto de 2017, la reapertura del complejo fue autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente bajo el paraguas de la gestión del COR, que dio luz verde a la instalación hace un año. Sin embargo, una serie de cambios en el convenio inicial firmado entre este organismo y la Mancomunitat, junto a la necesidad de ejecutar unas mejoras y la demora para lograr las autorizaciones ambientales de actividad, han retrasado el proceso. El acuerdo suscrito entre la Mancomunitat y el COR instaba a estos organismos a perfilar las condiciones con sus concesionarias para que se pudieran de acuerdo. Recisa, que echa en falta más información, subraya que las empresas hicieron los deberes a contrarreloj mientras que la administración aún no ha cumplido su parte.
Flecos pendientes
Desde la Mancomunitat, sin embargo, restan trascendencia al retraso y reiteran que la puesta en marcha de la planta es inminente. El presidente, Vicent Gomar, señala que el 12 de marzo se dio la orden para que las empresas coordinaran las rutas y la forma de proceder con el nuevo servicio y recuerda que, cuando comenzó a transportarse la basura a Ròtova, el contrato no se modificó hasta nueve meses despsués. Ahora se trataría de «deshacer» ese cambio.
En principio, la concesionaria del COR abonaría a la Mancomunitat 7,88 euros por cada tonelada depositada en Bufali, aunque aún faltaría clarificar la fórmula de pago con Recisa. De momento, el COR ha aprobado indemnizar con 331.000 euros a la Vall d'Albaida por los sobrecostes en el transporte desde 2014, aunque el importe final reclamado por el ente comarcal es mucho más abultado y está pendiente de dirimirse.
