La macroplanta de tratamiento y eliminación de residuos de Llanera de Ranes ha pasado (ahora sí) a mejor vida. La Conselleria de Medio Ambiente ha dado la estocada definitiva a la polémica instalación dos años después de que la asamblea de alcaldes del Consorcio de Residuos V5 (COR) acordara por amplia mayoría pedir su paralización. Con el inicio de la tramitación del nuevo Plan Integral de Residuos (PIR), la Generalitat ha facultado a este organismo que agrupa a 93 municipios de la Costera, la Canal, la Safor, la Vall d'Albaida y el Valle de Ayora para liquidar su antiguo proyecto de gestión y ser el primero en elaborar un esquema de actuación a 25 años vista que se ajuste a la normativa actual y a las directivas europeas, mucho más exigentes que en 2009. La inversión en infraestructura, inicialmente proyectada en 100 millones de euros, podría quedar reducida a más de la mitad.
El escenario multiplanta que comenzó a diseñar el Consorcio en 2016 sufría un prolongado bloqueo como consecuencia del retraso de la administración autonómica en reformular el andamiaje normativo sobre el que se sostiene el cambio de modelo. En los próximos meses, la gestora de la basura ha de convertir por fin en tangible su propuesta para superar el actual caos que representa el hecho de no disponer de instalaciones propias. Los residuos de las 5 comarcas deambulan a diario a lo largo y ancho del mapa de la C. Valenciana para terminar repartidos en siete plantas. Una situación insostenible medioambientalmente que genera un impacto de CO2 equivalente a 547 viviendas en la que se gastan 26.000 litros de gasoil al mes. Además, el Consorcio no controla el coste del servicio y traslada los problemas de su territorio -el único de la provincia sin planta propia- a otros, pese a ser el gestor de residuos que aglutina a más población, después del Emtre.
El nuevo plan de gestión pivota sobre instalaciones más pequeñas, con niveles de recuperación más exigentes, en un contexto en el que las plantas dejan de ser el centro principal de la gestión. La prioridad se sitúa en la recogida selectiva y en el tratamiento de los biorresiduos cerca de su centro de generación, con el reto de cumplir el objetivo europeo de que en 2030 llegue solo un 10% de la basura al vertedero y el resto se recicle.
Modificación del contrato
En ese sentido, en 2019 estará operativa la planta de biorresiduos de Ayora, a tiempo que algunos municipios de la Costera y la Safor se han ofrecido también para albergar este tipo de instalaciones de materia órganica de media escala. Se proyectan tres a medio plazo que reducirían en 29.000 toneladas las toneladas de rechazo. Sumadas a las islas de compostaje en 15 pueblos de menos de 350 habitantes y a la nueva y extensa red consorciada de ecoparques de recogida selectiva, podrían bastar dos pequeñas plantas de tratamiento para los deshechos resultantes. Las principales candidatas para albergarlas son Vallada y Bufali (ésta última se prepararía también para la eliminación), aunque, en las próximas semanas, se creará una comisión técnica y se involucrará al Consell de Participació para dar por fin respuesta a la gran pregunta: cuántas instalaciones se ejecutarán y dónde.
Los equipos técnicos y jurídicos del COR llevan más de un año preparándose para el nuevo escenario y la empresa concesionaria, Vytrusa, se muestra dispuesta a adaptarse al reto. Ahora bien, la UTE no renunciará por las buenas al contrato de 460 millones de euros que se adjudicó en 2009. La mercantil y el Consorcio han de negociar la modificación del mismo y el Consell Jurídic Consultiu deberá pronunciarse sobre la indemnización (posiblemente millonaria) que reclamaría Vytrusa por el perjuicio económico del cambio de modelo y el gasto desembolsado en proyectos y terrenos. El COR maneja diversas opciones para mitigar el impacto.
Pero no hay que descuidar que se necesita más infraestructura para gestionar los biorresiduos, el material de construcción y demolición, poda o voluminosos: toneladas de deshechos que cada año tienen que ser tratadas por gestores privados u otros consorcios.
Otro aspecto importante del nuevo PIR es la inclusión del Plan de Minimización de residuos de la Vall d'Albaida como el único plan local de este tipo validado en la C. Valenciana, eso sí, sujeto al paraguas del Consorcio de Residuos V5, con quien la Mancomunitat mantiene un convenio de colaboración desde 2016. Desde el COR ponen el acento en su propósito de dar «respuestas de política pública flexible a una realidad territorial y social diversa».
