Después de siete años batallando contra el banco que lo desahució de su piso y aún le continúa embargando mensualmente la nómina, Marian Popa ha recibido lo más parecido a una buena noticia en su precaria situación. Este vecino de Xàtiva, de procedencia rumana y albañil en una constructora, denuncia que firmó la hipoteca de su vivienda cuando apenas sabía defenderse con el idioma, desconociendo que la cuota del préstamo se incrementaba un 2,5% anual, como ya contó este diario. El juzgado comunicó en 2016 a la empresa en la que trabaja actualmente su obligación de retenerle el sueldo y de transferir periódicamente una cantidad a la cuenta del banco acreedor hasta saldar su deuda pendiente, que asciende a 42.220 euros de principales más 12.666 euros de intereses.
Popa alega indefensión y pide que se anule el procedimiento de embargo: asegura que no fue notificado debidamente de un acto administrativo que califica de «injusto y abusivo», a tiempo que lamenta las dificultades para ser escuchado en las diferentes instancias. Hace escasos días, el albañil recibió una carta firmada por Jorge Fernández Díaz, presidente de la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, en la que se le informa de que, una vez examinado su caso, este organismo ha acordado trasladarlo al Defensor del Pueblo para su estudio y valoración. Popa acumula decenas de denuncias y quejas en múltiples organismos judiciales y consultivos, hasta ahora infructuosas. En 2015 llegó acudir al Constitucional por los problemas para que le designaran un abogado de oficio y acaba de enviar otra carta a la Casa Real exponiendo su desesperada situación. Al menos ahora se le abre un pequeño claro de luz.
