Una vecina de l'Alcúdia de Crespins que en breve tendrá que dejar la vivienda en la que reside por una orden de desahucio reclama una vivienda social al consistorio. La afectada, una mujer de 63 años y enferma, ha intentado negociar un calendario de pagos con el propietario del piso que tiene alquilado, al que le debe unos 3.000 euros, pero no ha conseguido un acuerdo y el lanzamiento ha sido fijado para el próximo 7 de junio. M.ª Dolores C. L. explica que solo cuenta con los ingresos de una pensión no contributiva de 369 euros y no puede hacer frente al alquiler, de 250 euros al mes.
La mujer tiene un historial médico complicado, padeció obesidad mórbida y tras ser operada ha perdido 66 kilos. Además, está en tratamiento psiquiátrico (varios intentos de suicidio) y padece crisis epilépticas. Tiene dos hijos: una hija con la que asegura que no puede vivir, ya que ésta atraviesa un proceso de malos tratos; y un hijo, con el que no mantiene contacto desde hace 25 años.
Ante la situación, M.ª Dolores acudió al consistorio para reclamar una vivienda social, pero según afirma se la «denegaron» por no haber viviendas de este tipo libres en la localidad y la conminaron a «ir a una residencia o buscar otra vivienda».
Desde el consistorio señalan que la asignación de una vivienda social no es posible, al no disponer actualmente de ninguna de ellas, y aseguran que se le han ofrecido ayudas de los servicios sociales y jurídicos municipales, así como alternativas de lugares para residir, pero que M.ª Dolores «no las acepta y solo admite una vivienda social, que no tenemos». El alcalde de l'Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigós, detalló ayer a Levante-EMV las ayudas que desde el consistorio se le han ofrecido a la afectada, entre ellas proporcionarle una plaza en una residencia en régimen abierto (iría a dormir y a comer), opción que la vecina ha rechazado; así como buscarle una vivienda social o una vivienda pública que la Generalitat Valenciana tenga libre en otra localidad cercana, posibilidad a la que la afectada también ha renunciado.
El consistorio conoció el caso de M.ª Dolores en septiembre del año pasado y los servicios sociales se volcaron para encontrarle una solución. Tramitaron la solicitud de alquiler de vivienda social, así como la petición de una vivienda pública de la Generalitat en régimen de alquiler en una población cercana. Desde septiembre del 2017 hasta ahora, el consistorio ha atendido el caso con ayudas de emergencia social, se le ha tramitado el grado de discapacidad, ha recibido atención alimentaria, así como ayudas destinadas a la vivienda. El consistorio incluso llegó a realizar una mediación entre el promotor del piso y M.ª Dolores para evitar el desahucio si la afectada cumplía unas condiciones de pago y de salubridad, medidas que la vecina «no ha puesto en práctica», según el consistorio. Además, le han ofrecido los servicios de asesoría jurídica municipales y el consistorio se ha reunido con la hija de M.ª Dolores para buscar alternativas de vivienda para madre e hija. También se han reunido los equipos de servicios sociales, jurídicos y la edil de Serveis Socials para buscar soluciones. Desde el consistorio afirman que «no la hemos dejado de lado y seguimos intentando ayudarle, pero no tenemos capacidad de resolver el problema ante los rechazos de la afectada», concluyen.
