El trabajo titánico desplegado por los operarios de la concesionaria de la basura en la Vall d'Albaida, Recisa, borró ayer la huella de la que ya ha sido calificada como la peor crisis vivida por la Mancomunitat desde la puesta en marcha de su Plan de Minimización de residuos, en 2001. A lo largo de once horas, de diez de la noche a nueve de la mañana, la flota de la empresa trabajó a destajo para retirar 240 toneladas de deshechos urbanos que se acumulaban en las calles de 34 municipios como consecuencia de la decisión de suspender la recogida, adoptada por la concesionaria el domingo por la noche. Ocho plataformas con 25 tn distribuyeron la carga entre diferentes destinos. Ayer por la tarde, la firma dio el servicio por «restablecido y restituido en su totalidad» y agradeció a los empleados el «esfuerzo gigantesco» para mover semejante cantidad de residuos. Únicamente una parte de la recogida de envases tuvo que aplazarse por la imposibilidad material de llevarla a cabo.

El acuerdo sellado «in extremis» a última hora de la tarde del lunes da respuesta a las demandas de la empresa para liquidar la deuda histórica y garantizar la estabilidad de la gestión. «Hay un convenio que se ha de cumplir: esperamos que no haya más deslices», valora el gerente de la concesionaria. «No es la primera vez que firmamos un acuerdo negociado y nos gustaría que fuera la última», indica Luis Unanue.

Como avanzó este diario, la Mancomunitat se compromete a saldar un pasivo de 900.000 euros de aquí a 2022, el año en que caduca la concesión de la basura, a razón de 21.600 euros al mes y un interés del 4,5%. Además, la entidad comarcal ha aceptado transferir a la mercantil 300.000 euros en dos vencimientos antes de julio y ha prometido que cumplirá el máximo legal de 60 días para saldar las facturas, una cuestión estipulada en un convenio previo de 2013 que terminó en agua de borrajas.

La concesionaria pide pasar página y lamenta las molestias ocasionadas a los vecinos, «que no tienen la culpa de nada». «Hay que mirar hacia adelante y olvidarnos de lo sucedido, que es desagradable y fuerte ». Unanue asegura que Recisa estará «vigilante» para «no volver a llegar a situaciones tan anormales». La concesionaria subraya la «oportunidad histórica» que ofrece el nuevo Plan Integral de Residuos (PIR) que está perfilando la Generalitat y pide a los responsables políticos que «sean valientes» porque la planta de residuos de la comarca -proyectada en Bufali y pendiente desde hace tres lustros- «tiene más posibilidades que nunca de salir adelante». La nueva ley contempla el desarrollo del Plan de Minimización de la Vall d'Albaida bajo el paraguas actual de la gestión del Consorcio de Residuos (COR), que agrupa a 5 comarcas.

Enfrentamiento político

El conflicto ha dinamitado el consenso en la Mancomunitat y ha enfrentado a Compromís y PP con el PSPV, que preside el organismo. Los socialistas defendieron en un comunicado que desde 2015 «se ha conseguido que se respete la singularidad del Plan de Minimización y la reapertura de la planta de transferencia de Bufali», que reduce la sangría económica por los sobrecostes del desplazamiento de la basura a Ròtova». El PSPV lamentó que el resto de fuerzas declinaron -en el marco de las negociaciones- la propuesta de pagar, entre todos los pueblos, una cuota reintegrable para resarcir a Recisa por los sobrecostes que reclama desde 2014 (pendientes de un litigio judicial con el COR) y así «dar liquidez a la Mancomunitat».