Cuando ya llevamos una década en la que prácticamente no se ha construido una caseta en Ontinyent „es más, actualmente muchas de ellas están deshabitadas o en venta„ toma protagonismo una asociación que se constituyó no para el bien común, sino más bien con mimbres resentidos y, seguramente en algunos casos, con alguno de sus miembros ahíto de venganza visceral, o sea: Adeca. Ahora vemos que, con la perspectiva del paso del tiempo, hizo suya una vieja estrategia, que dice: la mejor defensa es un buen ataque. Y para protegerse, los integrantes de dicha asociación que, con mayor o peor tino, habían sido denunciados por la construcción de viviendas de manera ilegal en el diseminado de Ontinyent, (algunos de cuyos promotores ya han fallecido, caso de Gilet) decidieron pasar al ataque querellándose, inicialmente, contra los ex alcaldes Manuel Reguart (PSPV) y Rafael Portero (Compromís) y, posteriormente, contra el ex edil de Urbanismo Filiberto Tortosa (PP), logrando que resultaran imputados por presunta prevaricación todos ellos.
Los hechos se desencadenaron hace más de tres lustros, cuando el PP ontinyentí se alió con Adeca, dando por hecho que en política todo vale. Para lo que no dudaron, en su irracional belicismo y por tierra mar y aire, en demonizar hasta lo indecible a los partidos progresistas con el peyorativo término de "tripartito". Después, cuando el PP obtuvo la mayoría absoluta, en 2007, resultó un fiasco. No solamente carecía de una varita mágica para resolver la problemática de les casetes, sino que el PP actuó con Adeca espetándole aquello de «si te he visto, no me acuerdo». La consecuencia fue la imputación de Tortosa. Tampoco ayudó a serenar los ánimos la campaña de denuncias contra otras casetes que, en plan agravio comparativo desató Adeca. Sublimando el lío a niveles kafkianos.
La sentencia final del juicio que ha empezado esta semana, según la petición del fiscal, podría zanjarse con eunl sobreseimiento que exonere a los ex políticos reseñados. Porque es poco probable, a todas luces, que unos cargos públicos, ante una problemática tan general de todo el ámbito valenciano, optaran por, políticamente, echarse piedras a su propio tejado, es decir al de su electorado. Más difícil lo tendrán, a la hora de obtener un veredicto favorable, los tres técnicos municipales imputados, ya que además de no asesorar convenientemente al equipo de gobierno, desde la Oficina Técnica parece ser que prevaricaron. Mientras tanto, aquellos temibles expedientes sancionadores han quedado en agua de borrajas. Tampoco parece ser que haya servido para nada el millón de euros que gastó, e el pasado cuatrienio, el gobierno municipal con el fin de arbitrar una normativa para legalizar casetes: a falta de datos oficiales, apenas si se conocen un par de nuevas construcciones.
El tema de les casetes, al formar parte de la idiosincrasia de la familia ontinyentina, ha sido una cuestión social de alta sensibilidad, al menos hasta hace poco, otro asunto será el alcance que tenga entre las nuevas generaciones.
Bocairent como ejemplo
Aunque la idea ya tiene años, resulta plausible la iniciativa, acometida por el actual gobierno municipal bocairentí y tras una preselección previa, de que los vecinos decidan entre tres proyectos, cómo será la reforma de la plaza del Ayuntamiento. De los pormenores de la noticia daba buena cuenta este diario. Les tres propuestas tienen su miga.
