La Conselleria de Medio Ambiente ha emitido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto que contempla multiplicar por dos la superficie de la cantera Enguera, con la ampliación de la Gravera y la puesta en marcha de un nuevo aprovechamiento minero junto al paraje de la Boquera. Antes de autorizarse definitivamente, la actuación todavía ha de superar diversos escollos en el largo recorrido administrativo, que se inició hace una década. El permiso ambiental concedido a la empresa Caplansa queda supeditado a un conjunto de estrictas medidas protectoras y correctoras que lo condicionan.
La explotación de la carretera de Benali, activa desde 1994, llegará a ocupar 36,4 hectáreas de terrenos en una zona de suelo no urbanizable protegido y de especial protección de aves (ZEPA) donde se producirán 600.000 toneladas de roca caliza al año para los sectores de la construcción, obra civil y cerámica. El temor a que la actividad amplifique los actuales problemas de ruido, polvo e inseguridad vial que generan las extracciones ha movilizado a los propietarios de las viviendas emplazadas a menos de 300 metros. Tanto los vecinos, como el Ayuntamiento de Enguera, Adene y el PP presentaron alegaciones durante la tramitación del proyecto para exigir .
Los informes emitidos por la Comisión de Evaluación Ambiental y otros organismos autonómicos concluyen que la ampliación de la cantera «no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente», siempre y cuando la empresa cumpla sus promesas de mitigar las molestias derivadas del funcionamiento de las actuales instalaciones fijas de tratamiento de áridos, mejorando los cerramientos. La DIA estipula que el complejo que ha de someterse a una auditoría acústica al inicio de la actividad y, posteriormente, en periodos de tres años. La promotora, además, ha de crear una pantalla vegetal en el perímetro norte para minimizar el impacto visual y el polvo de la cantera.
Otro punto muy conflictivo que se debe resolver de forma prioritaria es el acondicionamiento de los accesos a la explotación. El camino principal resulta inadecuada tanto por su estrechez como por el deterioro del firme, donde sede la seguridad vial. En su informe favorable a la ampliación de la cantera, la institución provincial también pone otra condición: que se analice
Los informes ambientales también validan el Plan de Restauración de la superficie afectada presentado por la promotora, presupuestado en 2,2 millones de euros. Las labores de regeneración deberán simultanerse con las de extracción, de modo que el incumplimiento de alguna fase podría suponer la paralización inmediata de la actividad. La DIA establece que se llevará un registro documentado del programa de vigilancia ambiental «a efectos de acreditar la adopción de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia». Las normas subsidiarias de Enguera (de 1986) definen como no urbanizable protegido el suelo donde se asienta la ampliación de la cantera (15 hectáreas forestales), el proyecto de Caplansa ha requerido la aprobación de un Plan Especial que, no obstante, ha sufrido modificaciones a lo largo del proceso. En un principio la empresa proponía una modificación del planeamiento que implicaba una recalificación de terrenos, pero finalmente esta opción se sustituyó por otra fórmula que permite la actividad minera como uso compatible siempre y cuando se cumpla la normativa del Plan Especial, con un periodo de vigencia de 30 años.
Discrepancias
El Ayuntamiento de Enguera está estudiando la DIA para decidir su postura. En sus alegaciones pidió precisamente que se descartara la citada recalificación, disconforme con la propuesta inicial de alteración de las normas subsidiarias. El consistorio lamentó la falta de coordinación y reprochó a la conselleria que la tramitación del Plan Especial le fuera notificada a través de un anuncio general cuando «debería ser la primera administración conocedora», puesto que el proyecto afecta a la ordenación urbanística del municipio. La corporación también advirtió de que debía tenerse en cuenta que una parte importante de la actividad minera se ubica en una parcela municipal arrendada en 1994 cuyo contrato termina en 2024 y establece una tipología de extracción distinta a la prevista.
Por su parte, el PP alertó en 2016 del «grave perjuicio» generado en la zona colindante de la explotación y del incumplimiento de las medidas correctoras, puesto que la instalación se encuentra en actividad. Algunos vecinos pidieron la suspensión de la tramitación, al no ver suficientes garantías de respeto a la legalidad. La empresa, en cambio, defiende que las medidas adoptadas en los últimos años han reducido el ruido y reitera su compromiso de ir afianzándolas.
