Un auto de medidas cautelares dictado el 23 de abril por el juzgado de lo contencioso-administrativo nº10 de València ha desembocado en la suspensión temporal de una parte de la oferta de empleo público (OEP) de 2017 que el Ayuntamiento de Aielo de Malferit convocó a finales del pasado mes de octubre. La decisión viene derivada del contencioso-administrativo que interpuso hace unos meses la Delegación de Gobierno contra la aprobación del presupuesto municipal, después de que el grupo socialista de la localidad trasladara posibles anomalías en el capítulo de personal.
La suspensión afecta a dos plazas de funcionario de carrera (un técnico en contabilidad y recaudación y un administrativo),y a una de oficial de Policía Local. Las tres debían cubrirse por promoción interna. El alcalde Aielo, José Luis Juan (PP), recalca a Levante-EMV que los distintos procesos quedan interrumpidos cautelarmente «por precaución y prudencia» hasta que se resuelva el litigio judicial y «para evitar males mayores» en caso de que el consistorio no consiga que los tribunales le den la razón.
La Oferta de Empleo Público bajo lupa deriva de la relación de puestos de trabajo, plantilla de personal y bases de ejecución que se integran en el presupuesto general del ayuntamiento, aprobado por acuerdo del pleno municipal el 24 de agosto de 2017. La convocatoria abarcaba un total de 7 plazas y se formalizó por cauces oficiales mediante un decreto firmado por el entonces alcalde en funciones de Aielo, el regidor del PP Rafael Egea. El contencioso de la Delegación del Gobierno pone el foco en las dudas sobre la consignación de determinadas plazas y partidas económicas que podrían no reunir los requisitos presupuestarios exigidos.
El equipo de gobierno, sin embargo, defiende la legalidad de la convocatoria de empleo, que también incluía tres vacantes de agentes de la Policía Local (funcionarios de la escala de administración especial) a cubrir por oposición-estabilización de la ocupación temporal, así como otro puesto de personal laboral como encargada de la limpieza, proveído mediante unproceso de promoción interna. El alcalde aclara que las medidas cautelares dictadas por el juzgado nº10 de València no dejan en suspenso la totalidad de la oferta de trabajo del año 2017, sino «una parte». Las bases de la oferta pública para las plazas de policía también fueron recurridas, aunque de momento no figuran entre las congeladas.
El procedimiento contencioso se abrió a petición de la Delegación del Gobierno después de que el PSPV advirtiera de posibles incumplimientos reglamentarios. Los socialistas alegaron contra la creación de las nuevas plazas de técnico en contabilidad y recaudación, técnico de la Casa de la Juventud, y de oficial de policía, ésta última argumentando que Aielo «cuenta con 4.500 habitantes y ya tiene un oficial». La oposición cuestionó el incremento del 4% en la partida de salarios y las modificaciones de complementos de destino que suponían un incremento de casi 200 euros mensuales del técnico de Promoción Económica y del director de la Escuela Infantil. Por último, el PSPV señaló que se habían superado de manera holgada los plazos de aprobación del presupuesto, cuya anulación requirió el Gobierno.
