La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción disciplinaria impuesta a un agente de la Guardia Civil del puesto de Bocairent que permaneció ilocalizable para sus mandos a lo largo de seis días consecutivos. La sentencia desestima el recurso del afectado y valida la resolución del Comandante Jefe de la Compañía de la Guarda Civil de Xàtiva que, en octubre de 2015, suspendió dos días de empleo y sueldo al agente como consecuencia de una falta leve del régimen disciplinario del cuerpo.
El funcionario llevaba dos meses de baja médica para el servicio cuando llegaron los problemas, con el intento de entregarle una notificación interna. Después de que el sargento comandante del puesto no lograra contactar con él en sendas llamadas telefónicas infructuosas dirigidas tanto a su móvil particular como a su teléfono fijo el 20 de junio de 2015, una patrulla de compañeros se personó en su residencia de Bocairent el mismo día, con idéntico resultado. La falta de respuesta se repitió durante los cinco días posteriores. La Guardia Civil incluso llegó a contactar con su madre y, otro día, fue la Policía Local de Bocairent la encargada de acudir a su vivienda, pero tampoco consiguió su objetivo. Hasta el 26 de junio, el agente no se personó en las dependencias del acuartelamiento de Xàtiva. La infracción por no haber comunicado previamente al comandante del puesto su ausencia ni el lugar donde podía ser localizado se considera suficientemente probada en la sentencia del Supremo, que subraya la «falta de justificación» del proceder del agente.
Los magistrados de la sala de lo Militar rechazan todos los argumentos del apelante, que pidió el archivo y sobreseimiento del expediente sancionador y la devolución del sueldo detraído (131 euros), así como una indemnización por daños y perjuicios tras mantener que se había vulnerado su derecho a la presunción inocencia y que la sanción carecía de motivación, además de considerarla desproporcionada. No es el primer conflicto que acaba en los tribunales relacionado con el puesto de Bocairent, cuyo desmantelamiento fue denunciado por la asociación IGC en marzo, después de que los dos últimos agentes del cuartel fueran derivados a Ontinyent. Un suboficial del mismo logró en diciembre que el Supremo le retirara una sanción de dos días de suspensión impuesta también en 2015 por no despedirse reglamentariamente del sargento.
