Cáritas Interparroquial de Ontinyent atendió a lo largo de 2017 a 476 personas, un 2,7% menos que el año anterior. Los responsables de la entidad religiosa atribuyen este descenso, que se viene produciendo en los últimos cinco años, a la cronificación de las situaciones de pobreza que afectan a las personas atendidas por Cáritas, que las hace quedar atrapadas en realidades de exclusión de las que cada vez es más complicado salir, por lo que las mismas familias son atendidas año tras año, explican desde el colectivo de Ontinyent. Así, un 73% de las personas beneficiarias de Cáritas a lo largo del año 2017 eran conocidas de años anteriores.

En cuanto al perfil de las personas que acuden en demanda de ayuda a Cáritas, la mayoría son parejas jóvenes, mujeres solas y personas solas. Además, se mantiene la mayor presencia de personas españolas (51%) y de mujeres (69%). También existe un elevado porcentaje de menores (44%) entre los beneficiarios, según la memoria anual presentada por Cáritas.

Las cuatro Cáritas parroquiales de Ontinyent desarrollan proyectos en los que «se acompaña a las personas en el reconocimiento y la defensa de sus derechos». Así, el economato del que dispone la entidad benefició en 2017 a 320 personas para cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene. Por su parte, el proyecto educativo Sambori atendió a 19 niños.

A lo largo de 2017, Cáritas Ontinyent ha contado con el trabajo de 54 voluntarios, la mayoría de ellos, un 80%, mujeres. La entidad invirtió 67.631 euros en proyectos de atención social y en cubrir necesidades básicas de alimentación, vivienda (suministros, alquileres, etc.), ayudas educativas y de medicamentos para las personas que acompaña. En el economato se invirtieron 19.924 euros. El 90% de los recursos con los que cuenta Cáritas provienen de fondos propios, como donativos, cuotas de socios, colectas extraordinarias y la colecta del Día de la Caridad.

Plan estratégico 2018-2022

Cáritas ha puesto en marcha un plan estratégico para los próximos cinco años y ha anunciado la apuesta por el acompañamiento de las personas para que hagan efectivos sus derechos. También proponen de 2018 a 2022, «seguir denunciando las causas que generan la desigualdad y la pobreza» y mantener su objetivo por «mejorar los procesos y la transparencia».